Dolores Ripoll, jefa de la Abogacía del Estado y asesora jurídica de la APB, imputada

Como consecuencia de las pesquisas en el caso de la APB, ha resultado imputada la jefa de la Abogacía del Estado en Balears, Dolores Ripoll. Esta ejercía como asesora jurídica de la Autoridad Portuaria de Balears, salpicada por este nuevo caso de presunta corrupción.

Investigadores del Grupo Anticorrupción y de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil, con apoyo de efectivos del instituto armado de la Policía Judicial de Algaida, prosiguen este sábado con los registros en la sede en Palma de la Autoridad Portuaria de Balears. No obstante, las dependencias han permanecido vigiladas las 24 horas para evitar la destrucción de documentación, desde que la noche del pasado jueves estallara la operación.

Los registros se extendieron estos días a las dependencias de la Autoridad Portuaria de Balears en Maó y de Eivissa, que incluyó la sede del club náutico. Las actuaciones de los investigadores en estas islas se dieron por completadas. Los agentes encargados del caso persiguen cotejar buena parte de la documentación obtenida con la que alberga la sede central en Palma.

Las dependencias central de la Autoridad Portuaria de Balears ya fueron sometidas a un primer registro el viernes, aunque los investigadores están completando la labor durante esta mañana.

Toda la cúpula de la Autoridad Portuaria de Balears ha sido detenida en el transcurso de esta investigación por presunta corrupción se ha saldado con la detención de la cúpula. El presidente Joan Gual de Torrella, asistido por el letrado Eduardo Valdivia, el vicepresidente Miguel Puigserver, asistido por el abogado Fernando Mateas, el director Juan Carlos Plaza, el jefe de explotación y servicios portuarios Fernando Berenguer y el jefe de departamento de explotación portuaria Armando Parada. Todos los arrestados han quedado en libertad con cargos esta pasada madrugada.

La investigación sobre este caso, sobre el que se ha decretado secreto de sumario, la encabeza la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, la jueza Martina Mora, después de que la Fiscalía Anticorrupción de Balears recibiera una denuncia por presuntas irregularidades en la Autoridad Portuaria.