El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha rechazado el recurso de la concesionaria de la autovía del aeropuerto (UTE Accesos Ibiza) y confirma la validez del requerimiento que le hizo la la conselleria balear de Territorio hace casi dos años, en julio de 2018, para que retirara la tierra acumulada en dos fincas de Platja d'en Bossa propiedad de Fiesta Hotels & Resorts, del Grupo de Empresas Matutes. En concreto, las fincas 56 y 59, que quedaron fuera del «pacto verbal» entre Matutes y la UTE Accesos Ibiza, ratificado en sentencia firme, para usar la tierra excavada (la autovía se construyó en trinchera, en lugar de en superficie) para el campo de golf proyectado en Platja d'en Bossa, en la zona periférica de protección del Parque Natural.

En febrero y marzo del año pasado, tal como avanzó este diario, el Govern balear impuso a la concesionaria de la autovía dos sanciones (3.000 euros diarios desde el 16 de agosto de 2018, algo más de medio millón de euros en total) por su negativa a evacuar los áridos. El TSJB ya denegó, a petición de la UTE Accesos Ibiza, la suspensión cautelar de las dos sanciones coercitivas.

La UTE Accesos Ibiza recurrió la orden de retirada de la tierra y ahora el tribunal balear rechaza sus argumentos. Pese a que la concesionaria alegó que la Administración ya había devuelto la garantía económica de la fase de construcción de la autovía y que ello, según su criterio, le exonera de la obligación de retirar la tierra, el tribunal le recuerda que la concesión sigue en vigor y queda pendiente aún su recepción.

De hecho, el TSJB recuerda que en 2010 el gobierno progresista ordenó la retirada de toda la tierra de los terrenos de Matutes (no sólo de las dos fincas objeto del actual litigio), requerimiento, además, que fue ratificado posteriormente por los tribunales. Sin embargo, el posterior gobierno autónomo del PP, en 2012, dio por finalizada la retirada de la tierra después de que la concesionaria le comunicara oficialmente la existencia de las sentencias que confirman que existió un pacto verbal entre Matutes y la constructora para reaprovechar la tierra de las obras para el golf. Matutes, que posteriormente desistió de este proyecto, reclamó en los tribunales la retirada de los áridos (de todos sus terrenos), pero sólo ha logrado que se acepte la retirada de los acumulados en las fincas 56 y 59.

Así, en el litigio con la Comunitat Autònoma por las indemnizaciones de las expropiaciones de los terrenos, el tribunal dio la razón a Matutes en el sentido de que en dos fincas de su propiedad no estaba, por una parte, previsto el depósito temporal de áridos y, por otra, estaban fuera del pacto para el campo de golf. Así, el TSJB, además de forzar a retirar la tierra de las fincas 56 y 59, condenó al Govern balear a indemnizar a la propiedad con un millón de euros.El volumen de tierra acumulado en estas dos fincas es de 100.000 metros cúbicos y su retirada tiene un coste de tres millones de euros.