Los sindicatos del ámbito de la Justicia esperan con impaciencia el decreto que el Gobierno ha anunciado para el martes, en el que el Ministerio de Justicia plasmará su proyecto de trabajo en los juzgados bajo las nuevas condiciones sociales impuestas por la situación generada por el crisis del coronavirus.

Según el Ministerio, se trata de «una hoja de ruta consensuada que incluye medidas urgentes y extraordinarias de calendario, movilidad y jornada». Al respecto, el delegado del CSI-CSIF en los juzgados de Ibiza dijo ayer que el sindicato pide, por encima de cualquier otra consideración, «que se garantice la provisión de material sanitario y la seguridad de los funcionarios». «A partir de ahí podemos empezar a hablar», señaló Juan Nieto.

El jueves, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró en un comunicado de prensa que «la salud de todos los funcionarios y operadores que desarrollan su labor en los juzgados y tribunales es la principal prioridad del Ministerio y de las comunidades autónomas competentes» y se comprometió a dotar a todos los trabajadores de las medidas de protección personal necesarias para evitar contagios en los edificios judiciales. Si esto es así, declaró ayer Nieto, «los funcionarios de Ibiza estamos dispuestos a dar el callo».

Entre las medidas que el Ministerio de Justicia plantea está la de organizar a los funcionarios en dos turnos, de mañana y tarde, con el fin de evitar aglomeraciones en los edificios y reducir el riesgo de contagio. En cualquier caso, por las tardes sólo trabajarían los funcionarios que se presenten voluntarios. Otra alternativa para sacar adelante trabajo que se espera que el Ministerio presente el martes es convertir en laborables tres semanas de agosto, un mes siempre inhábil.