A estas alturas ya es difícil buscarle calificativos a la situación en la que se encuentra la Justicia en el partido judicial ibicenco. El juez decano, Juan Carlos Torres, lo ve «negro»; la secretaria coordinadora del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) para Menorca y las Pitiüses, Josefa Juan, «difícil» y «complicado»; la coordinadora de la Fiscalía, María del Carmen Navarro, por el momento ve «poco factible» la solución parcial del teletrabajo, y el delegado sindical del CIS-CSIF en los juzgados pitiusos, Juan Nieto, habla, directamente, de «colapso dramático».
El 20 de enero de 2019 marcó a fuego la historia de la Justicia en Eivissa: el incendio intencionado del viejo edificio judicial paralizó la jurisdicción penal durante un año hasta que, a principios de 2020, comenzaron a organizarse planes de recuperación coincidiendo con el ansiado traslado a la nueva sede de la plaza de sa Graduada, que se realizó a toda prisa y en medio de polémicas que ahora, con la que está cayendo, se han convertido en nimiedades en segundo plano.
Pero ni cien días ha concedido el destino a la Justicia ibicenca para intentar recuperarse un poco de la situación en la que quedó tras el incendio. Durante casi un año la jurisdicción penal operó bajo mínimos, útil sólo para causas urgentes mientras aumentaban sin parar los casos pendientes. Por suerte, el ámbito civil no se vio afectado por el incendio, pero ahora, por la crisis del coronavirus y tras la declaración del estado de alarma y el confinamiento, la parálisis ya es total en todos los ámbitos y la acumulación de trabajo da vértigo.
Un ejemplo: el Juzgado de lo Social de Eivissa, que sigue instalado en un piso de la calle Gaspar Puig de Vila donde resulta imposible mantener ningún tipo de distancia de seguridad para intentar evitar contagios, está agendando juicios para junio de 2021.
En los cinco órganos de Primera Instancia, que siguen en el edificio Cetis, sólo trabaja un funcionario por juzgado, al igual que en los dos de lo Penal, en el de lo Social y en los cuatro de Instrucción y en el de Violencia Sobre la Mujer, ya en el edificio nuevo, con excepción de los servicios de guardia.
En Fiscalía, que también continúa aún en el Cetis, trabaja la coordinadora jefe y una fiscal, pero lo hacen en la sexta planta del nuevo edificio, donde sobra el espacio y se pueden mantener las distancias. El resto de los fiscales teletrabajan desde sus domicilios.
Jueces y letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, acuden a sus puestos algunos días y otros trabajan desde sus casas ya que, a día de hoy, son los únicos que pueden teletrabajar junto con los fiscales.
El Ministerio de Justicia está intentando poner en marcha sistemas de teletrabajo pero, en palabras de Josefa Juan y Mamen Navarro, no es fácil, porque es necesario garantizar la seguridad y la impermeabilidad en las aplicaciones que utilizan los funcionarios.
El juez decano calcula que hasta 2021 no se pondrán poner en marcha sistemas para reconducir la situación. «Hasta ahora sólo se han podido atender asuntos esenciales por razones obvias de seguridad y [en breve] habrá que intentar salir un poco a flote en condiciones de absoluta seguridad en cada uno de los edificios judiciales, y esto pasa por el esparcimiento del personal para poder respetar la distancia de seguridad de dos metros, lo que implicará limitar los aforos», explicó ayer Torres.
Pero en cuanto a las soluciones más o menos definitivas, las que podrán llegar con los planes de refuerzo, el juez las ve ya «para el año 2021».
