El Consell de Ibiza ha aprobado esta mañana de forma definitiva, en un pleno extraordinario, la modificación del Plan Territorial Insular (PTI), en el que se incorporan las medidas urbanísticas de la Norma Territorial Cautelar que se aplicaba desde finales de 2017, como la prohibición de construir en zonas forestales o el uso de vivienda en parcelas segregadas, excepto en el caso de que provengan de donaciones de padres a hijos por herencia, entre otras cuestiones para ahorrar agua (no se pude construir más de una piscina por finca o la limitación del volumen de agua, a 60 metros cúbicos, de las piletas).
La consellera insular de Territorio, Pepa Marí, ha calificado de «histórica» la aprobación definitiva de esta modificación puntual de la normativa territorial, aunque ha destacado la necesidad, incumplida por el actual equipo de gobierno, de llevar a cabo una revisión consensuada del PTI. En este sentido, Marí ha resaltado que el equipo de gobierno dejará «un diagnóstico» sobre el resultado de la aplicación del PTI, en vigor desde 2015, para que se lleve a cabo esta revisión.
El PP ha votado en contra de los cambios aprobados en el PTI por «la falta de consenso» a la que se comprometió el presidente, Vicent Torres, según ha destacado el portavoz del grupo popular, Mariano Juan. También ha destacado que se trata de «una modificación ideológica», lo cual lo ha reconocido la propia Marí, y que ahora «no se puede construir nada en suelo rústico ni en ningún sitio». Los cambios introducidos en el PTI no impiden edificar, sino la nueva ley agraria, que lo prohíbe en las zonas de interés agrario, salvo que sea para una construcción vinculada a la explotación agraria. El PTI aprobado en 2005 ya contemplaba que toda la isla era zona de interés agrario. Por ello, hasta que se zonifiquen, en la revisión del PTI, las zonas de interés agrario, en la isla no se pude edificar en suelo rústico.
Por otra parte, el equipo de gobierno ha aprobado por la vía de urgencia la implantación de la carrera profesional de los trabajadores del Consell, que, en todo caso, no se podrá aplicar hasta 2020 (al no haber en el presupuesto una consignación para incrementos salariales). El PP ha criticado las formas, que no el fondo, y ha tachado la medida de «electoralista». Ha destacado que el informe de Intervención es desfavorable y que éste recomienda que el secretario resuelva la discrepancia existente con el informe del jefe de servicio de Recursos Humanos, que sí es favorable. El presidente, que tiene la potestad de pedir al secretario dicho informe, ha justificado su negativa en el hecho de que «no es preceptivo». Por todo ello, el PP ha votado en contra por ello.
También se ha aprobado por urgencia, con la abstención del PP, el acuerdo de la mesa general de negociación de iniciar los trámites para que, en un plazo de tres meses, se lleve a cabo una revisión de la relación de los puestos de trabajo del cuerpo de bomberos al objeto de que puedan subir de categoría, revisar el complemento específico y a crear un grupo de rescate vertical. Un grupo de cerca de 30 bomberos han seguido el debate del pleno y han aplaudido la aprobación del acuerdo, que, según el PP, tampoco era urgente». «Están haciendo un burdo uso de los funcionarios para hacer electoralismo», ha criticado el conseller del PP Vicent Roig.
El PP abandona el pleno
Posteriormente, el equipo de gobierno ha incluido otros tres puntos, por urgencia, para aprobar el pago de facturas pendientes de servicios sociales y la confirmación de la disolución del consorcio sociosanitario, que se inició en la legislatura anterior. El PP ha recibido la documentación para debatir estos tres puntos cuando habían pasado 30 minutos desde el inicio del pleno. El portavoz del PP calificó de «circo» el pleno, además de «electoralista», y, como acto de protesta, su grupo se ha retirado del pleno, algo que no había sucedido en esta legislatura. Sin la presencia de la oposición, el equipo de gobierno ha despachado sin debate los tres puntos.
