El departamento de Urbanismo y Actividades del Ayuntamiento de Sant Antoni ha resuelto el inicio de dos expedientes sancionadores contra sendas discotecas del municipio y en los que se dictan medidas cautelares de suspensión de la actividad.
Estos expedientes son consecuencia de una campaña de inspecciones llevada a cabo en los establecimientos de mayor aforo para comprobar "la efectividad de los títulos habilitantes que poseen y detectar posibles infracciones que puedan generar situaciones de peligro", ha informado el Consistorio en un comunicado.
Las inspecciones a estos dos establecimientos se realizaron el pasado 22 de septiembre.
En una de estas discotecas se observó la modificación de las vías de evacuación mediante la instalación de elementos de tabiquería en varias salidas, así como deficiencias en la señalización de los equipos de extinción de incendios y, además, remodelaciones sustanciales del local no contempladas en el proyecto que obtuvo la licencia.
Además, durante la inspección se observó que algunas zonas que inicialmente se proyectaban sin uso definido o utilizando una densidad de ocupación correspondiente a restaurante se estaban dedicando a baile público, por lo que la densidad se modifica y el aforo resultante es considerablemente mayor.
Desde el consistorio señalan que los técnicos municipales entienden que las modificaciones afectan a una actividad de 5.426 metros cuadrados y suponen ampliar el aforo autorizado en más de 500 personas por lo que, como medida cautelar, se determina la paralización y clausura de la actividad de sala de fiestas.
Paralelamente se tramitarán dos sanciones económicas; una de 650 euros por una infracción leve y otra de 54.999 euros por infracción muy grave prevista en el artículo 104.2.
En el caso de la segunda discoteca inspeccionada, se pudieron observar ampliaciones de superficie en la planta cubierta dedicadas a terrazas, aseos y barras.
Dichas ampliaciones suponen también modificaciones sustanciales de la actividad no tramitadas, por lo que carecen de título habilitante y constituyen una infracción muy grave de la ley 7/2013 y se propone adoptar la medida cautelar de suspensión de la terraza de la planta cubierta.
Dentro del expediente iniciado se tramita en paralelo una sanción económica por infracción muy grave que ascendería a 54.999 euros.
Desde Sant Antoni prevén la apertura de nuevos expedientes sancionadores como resultado de las inspecciones realizadas a otros establecimientos de gran aforo.
