Matutes advierte al Parlament de que retire la ley que blinda sus terrenos

El Grupo Empresas Matutes ha enviado un escrito al Parlament balear en el que le advierte de que, en el caso de que la próxima semana se apruebe la modificación de la ley de racionalización y simplificación del ordenamiento legal de la Comunitat Autònoma, en la que, a propuesta de Podemos, se ha incorporado una enmienda para impedir un mayor aprovechamiento urbanístico y el cambio de usos en los terrenos de su propiedad en Platja d´en Bossa (también en otros de Cala Tarida), iniciará «acciones legales civiles y penales contra las instituciones y personas» que voten a su favor. Matutes pide a la cámara balear la retirada de la proposición de ley o que, en su caso, «se proceda a incluir la inexcusable previsión indemnizatoria».

El exministro y empresario basa su solicitud en el informe que encargó al despacho de abogados Pérez Llorca, que, tal como avanzó este diario, concluye que el cambio legal que se tramita a través de esta ley no sólo es «inconstitucional», sino que debería ir acompañado de «la correspondiente indemnización patrimonial» para «resarcir el daño a los propietarios». La cuantía de la indemnización, que no se concreta, se «corresponderá con la frustración económica que representa este nuevo e inesperado cambio normativo», señalaba el dictamen firmado por Juan Manuel Rodríguez Cárcamo, abogado del Estado en excedencia. Este informe se ha remitido al Parlament en forma de alegaciones.

A través de un comunicado, el Grupo Empresas Matutes destaca que la propuesta de Podemos, apoyada por el PSOE y Més, para modificar la ley de Urbanismo aprobada en diciembre del año pasado (la disposición transitoria 14, que permitirá legalizar los terrenos de Platja d´en Bossa) supone «un atentado contra la competitividad, economía y trabajadores de la isla y anula las competencias de las instituciones insulares y municipales». «El texto normativo no regula ninguna situación de extraordinaria trascendencia y complejidad, sino que pretende modificar una ley aprobada para afectar de forma arbitraria al señor Abel Matutes, algo que impiden la Constitución y las leyes y que, por tanto, lleva irremediablemente a una indemnización», agrega el comunicado.

En este sentido, la nota recuerda que el Govern ya ha sido condenado a pagar más de 100 millones de euros por la protección de Roca Llisa y Punta Pedrera, que estaban clasificadas como suelo urbano y, por tanto, sus propietarios han perdido sus derechos edificatorios. En el caso de los terrenos de Matutes, la ley de Urbanismo permite su legalización (que sean urbanos) tras ser desclasificados por una sentencia contra el PTI. La modificación legal que trata de impedir Matutes prevé que los terrenos de Platja d´en Bossa y Cala Tarida que el Ayuntamiento declare urbanos en su planeamiento no puedan tener un mayor aprovechamiento urbanístico ni cambiar sus usos, salvo para equipamientos públicos.

«Esta enmienda no busca en ningún caso el beneficio general, sino que pretende, como ha explicado Podemos de forma pública, perjudicar a un único propietario», destaca Matutes. Se refiere a la nota de prensa que Podemos remitió a los medios de comunicación con el título: «Impedimos que Matutes siga lucrándose con el urbanismo ´a la carta´ del pasado».