El equipo de gobierno aprobó ayer de forma definitiva, con el voto en contra del PP y la abstención de Guanyem y Alternativa Insular, la nueva ordenanza de ruidos que obligará a los beach clubs y a los restaurantes de playa a disponer de limitadores de sonido que impidan emisiones superiores a 65 decibelios. La nueva ordenanza entrará en vigor en un plazo de seis meses a partir de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Otro de los cambios relevantes de la nueva ordenanza municipal es el incremento de las sanciones por la celebración de fiestas en viviendas particulares, que, al pasar a ser consideradas como una infracción grave, supondrán sanciones de hasta 12.000 euros. Además, la Policía Local podrá aplicar medidas cautelares directas, como el precinto de equipos musicales, en el caso de que verifique que los limitadores de sonido han sido desprogramados o manipulados.

El equipo de gobierno ha desestimado las alegaciones presentadas por seis empresa y entidades vinculadas con el ocio y la cooperativa agrícola de Sant Antoni, que, en este caso, reclamaba que el suelo rústico no se considere como residencial a la hora de determinar las limitaciones de ruido. En este sentido, el PP advirtió de que no se puede limitar el ruido en la actividad agraria o la caza. «Sólo un tractor ya incumplirá la normativa. Están creando un problema», advirtió el concejal del PP Javier Marí.

La segunda teniente de alcalde, Paquita Ribas, respondió que hasta ahora no han recibido ninguna queja de vecinos por el ruido de «una vaquería» o de los tiros de escopeta de cazadores. «Sí hemos recibido llamadas de gente asustada [por falta de costumbre] al oír los tiros, pero no por el ruido», dijo, al tiempo que aclaró: «No iremos a hacer sonometrías de forma indiscriminada. Si hay una buena convivencia entre los residentes, no habrá ningún problema».

El portavoz de Guanyem, Fran Ramírez, justificó la abstención de su grupo al entender que la ordenanza es «insuficiente» para combatir el grave problema del ruido. Ribas lo reconoció, pero dijo que es «mejor» que la actual y que, a medida que la ley lo permita, «se podrá ir ampliando».