El grupo del PP en el Ayuntamiento de Ibiza denunció ayer en rueda de prensa que el equipo de gobierno municipal gobierna «al borde de la ley».
La concejala popular María Fajarnés aseguró que el Consistorio incurriría en un «posible delito de prevaricación» si se adjudica definitivamente el servicio de asistencia técnica y jurídica para la creación de la futura mancomunidad junto al municipio de Sant Antoni para la gestión de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.
Esto sería así, añadió la edil, porque la única empresa que se presentó a la licitación para prestar dicha asistencia, PW Advisory?ital Services, ha sido ya la adjudicataria de la memoria de análisis para la creación de esta mancomunidad, según el pliego de condiciones del expediente de contratación. Para la concejala popular, esa empresa debería quedar excluida.
Fajarnés explicó que se trata de una «ilegalidad manifiesta» y que «la mera admisión de esta empresa a participar en el expediente de contratación ya supone un fraude de ley». «Esta empresa debería haber sido excluida desde el primer momento, ya que era la única que no se podía presentar a la licitación al incumplir el Pliego de Cláusulas Administrativas», aseguró la concejala.
En la misma comparecencia, la portavoz del PP, Virginia Marí, acusó al alcalde, Rafael Ruiz, de ignorar el requerimiento formulado el pasado febrero por la Delegación de Gobierno para anular la Oferta de Empleo Público (OEP) del Consistorio para 2016 por incumplir la legalidad vigente.
