Los grupos de Podemos-Guanyem y PSOE, socios de gobierno, han acordado esta mañana en el pleno del Consell una propuesta para reclamar al Govern balear que decrete con urgencia una moratoria que paralice la concesión de autorizaciones de alquiler turístico de viviendas en suelo rústico hasta que se apruebe de forma definitiva la modificación de la ley turística que se está tramitando actualmente en el Parlament.
A propuesta del PSOE, se ha incluido un segundo punto para instar al Ejecutivo autónomo a que solicité al Parlament que tramite por la vía de urgencia dicho anteproyecto de la ley turística para avanzar cuanto antes la suspensión de autorizaciones prevista en dicha propuesta.
La consellera de PSOE Marta Díaz ha justificado la incorporación de este punto en el hecho de que una vez aprobada la ley, el Consell tendrá la potestad para delimitar las zonas apoyas para la comercialización turística de viviendas.
El PP, en cambio, ha votado en contra de la propuesta después de que los dos grupos de la izquierda hayan acordado denegar la incorporación de un tercer punto en el sentido de que el Consell elabore con urgencia un reglamento sobre estancias turísticas en el que se prohíba expresamente el alquiler turístico en edificios plurifamiliares y que, en el caso de las unifamiliares, se obligue a las empresas comercializadoras a que publiquen el número de registro.
El conseller del PP Vicent Roig ha resaltado su "decepción" por la postura del equipo de gobierno y ha subrayado que, según su criterio, ni uno ni otro grupo tienen "la más mínima voluntad de poner orden y prohibir el alquiler turístico en plurifamiliares".
Podemos coincide con el PP
También ha apuntado Roig que el Consell podría haber aprobado dicha medida a través de la moratoria urbanística aprobada hace tres meses. La vicepresidenta primera, Viviana de Sans, de Podemos-Guanyem, ha dado la razón al conseller del PP sobre esta cuestión. "Coincidimos absolutamente con usted, que la modificación del PTI debería haber sido más profunda y regular también el uso turístico en suelo rústico, pero salió como salió", ha dicho en referencia a las diferencias de su grupo con el PSOE en torno a este punto.
El pleno del Consell también ha aprobado también, con el voto en contra del PP, instar al Ministerio de Defensa a que ceda la gestión de las dos residencias militares de la isla al Institut Balear de la Vivienda (Ibavi) para destinarlas a políticas sociales con el objetivo de paliar la situación de emergencia residencial en Ibiza.
La vicepresidenta primera, Viviana de Sans, ha tachado de "vergonzoso e insensible con la realidad dramática que vive Eivissa el privilegio" que ostentan los oficiales y suboficiales y sus familias (los que utilizan estas dependencias en sus vacaciones) lo cual, ha resaltado, resulta "contradictorio con el principio de igualdad que proclama la Constitución".
La consellera del PP, Belén Torres, ha justificado la negativa de su grupo en el hecho de que esta iniciativa, "sin la adopción de otras medidas, no solucionará el grave problema de falta de vivienda que sufre la isla".
Torres también ha propuesto el uso de las instalaciones de Sa Coma para construir viviendas sociales, pero De Sans ha puntualizado que "no se puede hacer por ley". La consellera del PP también ha asegurado que está iniciativa es "demagógica y un brindis al sol para quedar bien".
Asimismo, el pleno también ha aprobado el informe de morosidad del cuarto trimestre del año pasado, que se cerró con un periodo medio de pago a sus proveedores de 57,18 días (56,94 en mismo periodo del año pasado). En total, se han pagado poco más de tres millones (838.279 euros en 2015) dentro del plazo legal de un mes y 2,6 millones fuera de este.
El conseller de Hacienda, Gonzalo Juan, ha puntualizado que hay dos sistemas de contabilización del periodo medio de pago y que, en realidad, según resaltó, el Consell paga actualmente por debajo de los 30 días que exige la ley.
