La Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha esperado a tener ejecutadas, licitadas o diseñadas casi todas las obras y reformas del puerto de Ibiza para encargar la redacción del Plan Especial, que precisamente es el encargado de definir la ordenación urbanística que ha de tener este recinto. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer mismo el anuncio mediante el que sale a concurso el contrato para adjudicar la redacción de este Plan Especial, que tendrá un presupuesto de 120.000 euros.
La normativa vigente, recordaron ayer fuentes de la APB, obliga a que los puertos de interés general dispongan de tres herramientas legales para definir sus usos y aprovechamientos: el Plan Director de Infraestructuras, que sólo se requiere cuando hay ampliaciones de los límites portuarios para realizar alguna obra concreta, como fue el caso del dique de es Botafoc. Fue entonces cuando se aprobó el Plan Director del puerto de Ibiza.
Sin embargo, a pesar de todas las obras y reformas que se han realizado posteriormente, este es el único instrumento de los tres que se ha aprobado, porque el segundo, el plan de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), sólo está en fase de tramitación. El DEUP ha de definir las actividades y usos del espacio portuario, y acaba de superar el periodo de alegaciones, con numerosos reparos por parte del Ayuntamiento. Ahora, la APB debe decidir cuáles acepta y cuáles no.
Tampoco está aprobado el Plan Especial, que según la propia APB tendrá como objetivo «establecer los techos de crecimiento urbanístico, volúmenes y edificios». Se da la circunstancia de que este plan se «ha de aprobar conjuntamente con la entidad que tiene las competencias urbanísticas, que en el caso de Ibiza es el Consell Insular», señaló el mismo portavoz de la APB. Sin embargo, para cuando el Consell tenga que votar al respecto, ya se habrá ejecutado la mayor parte de lo que el plan debería ordenar.
La Autoridad Portuaria no pudo aclarar ayer el porqué de esta política de hechos consumados, aunque el mismo portavoz opinó que «la ley permite ir avanzando» al margen de la existencia o no del plan especial, «porque, si no, no podrían funcionar los puertos», afirmó.
La necesidad del Plan Especial con carácter previo a las grandes reformas portuarias ha sido una reivindicación constante de algunos colectivos, como el Colegio de Arquitectos o el propio Ayuntamiento de Ibiza, desde hace unos veinte años, cuando empezaron a arreciar las actuaciones urbanísticas en el puerto no recogidas en ningún documento marco de carácter global.
Obras ilegales sin el plan
Este mismo año, el Colegio de Arquitectos advirtió a la APB de que cualquier edificación en es Martell, por ejemplo, sería ilegal sin la existencia de un plan especial aprobado. De hecho, según esta entidad, antes de realizar ninguna obra de derribo deberían haberse aprobado tanto el Plan Especial como el DEUP, pero ninguno de los dos estaba en vigor en el momento de realizarse las obras.
También la Comisión Informativa del Pepri de sa Penya y la Marina, órgano dependiente del Ayuntamiento de Ibiza, advirtió en un informe de marzo de 2014 de que «la intervención en el espacio del puerto de Ibiza debe respetar la normativa vigente, que exige la aprobación de un plan especial». Sin embargo, la APB no hizo caso entonces de esta petición.
Algunas fuerzas políticas, como Gent per Eivissa (GxE), denunciaron en abril de este año el «sainete» protagonizado por el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell sobre la ubicación de las barcas de Formentera «sin haber resuelto el problema principal: la absoluta carencia de planificación de los usos y espacios del puerto de Vila» y por ello este partido exigió el Plan Especial.
