La sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha ordenado abrir una investigación penal contra algunos testigos que declararon en el expediente administrativo abierto contra el policía ibicenco que trabajó, sin permiso, como vigilante de seguridad para Empresas Matutes. El tribunal entiende que esas personas, entre ellas altos directivos del grupo empresarial ibicenco, pudieron faltar a la verdad cuando sostuvieron que la persona contratada para vigilar y supervisar la limpieza de la sede central por la noche era la esposa de Rafael Rodríguez y no este último. Los testigos admitieron que el agente sancionado suplía a su mujer cuando ésta se hallaba enferma o por problemas familiares, pero la Audiencia Nacional no da credibilidad alguna a esa versión. De acuerdo con el tribunal, «resulta absolutamente inverosímil» que Abel Matutes ofreciera a su antiguo escolta una vivienda en la sede central de sus empresas como pago en especie para que su esposa realizara tareas de seguridad durante las noches.
