Investigación
La juez deja en libertad con cargos a los detenidos por delito fiscal y blanqueo en Amnesia
No podrán salir de España, tendrán que entregar el pasaporte y comparecer periódicamente en el juzgado - La fiscal pidió prisión provisional sin fianza para los cuatro arrestados
El propietario de la discoteca Amnesia, Martín Ferrer, su hijo, Martí Ferrer, el apoderado de muchas de sus empresas, David de Felipe, y el contable del establecimiento, Vicente Pérez de Montis. / PAU FERRAGUT
J. M. ALONSO | IBIZA
La magistrada Carmen Martín, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, y ayer juez de guardia, dejó en libertad con cargos a los cuatro responsables de Amnesia que fueron detenidos el martes por la Guardia Civil, pese a que la representante de la Fiscalía solicitó prisión sin fianza para todos ellos. La juez les imputa la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Tras pasar dos noches en los calabozos de la Guardia Civil, el dueño de Amnesia, Martín Ferrer, su hijo Martí, el apoderado de varias de las empresas del primero, David de Felipe, y el contable de la discoteca, Vicente Pérez de Montis, fueron conducidos ayer al juzgado de guardia, donde ninguno de los cuatro quiso responder a las preguntas de la fiscal, probablemente porque al haberse declarado el secreto de las actuaciones, sus abogados no conocen cuáles son los posibles indicios que les incriminan. Los detenidos se limitaron a responder a las preguntas de sus respectivos abogados, algunas de ellas centradas en demostrar el arraigo en la isla de los investigados, un requisito importante para que la juez dictara su libertad con cargos.
La magistrada impuso varias medidas cautelares a los detenidos. Tendrán que presentarse en el juzgado el día 1 de cada mes, no podrán abandonar el territorio nacional si no es con permiso judicial y se les ha retirado el pasaporte.
Martín Ferrer y su hijo están asistidos por el abogado Iván Varela, que permaneció junto a los cuatro detenidos durante los dos días que duraron los registros en las oficinas de las discotecas, mientras que Ascensión Joaniquet defiende a de De Felipe y el exjuez Miquel Arbona a Pérez de Montis.
Sin comentarios a la prensa
Las comparecencias ante la juez comenzaron pasadas las cinco de la tarde y los detenidos abandonaron el edificio judicial sobre las ocho y media. Ninguno de ellos quiso hacer declaraciones a los periodistas. Su detención y posterior puesta a disposición judicial generó tanta expectación que fotógrafos y cámaras de todos los medios de comunicación de la isla hicieron guardia en la puerta de los juzgados desde las ocho y media de la mañana hasta que, doce horas después, abandonaron los juzgados. El operativo policial que derivó en la detención de los responsables de Amnesia comenzó el martes a las siete de la mañana en la propia discoteca. Agentes de la policía judicial de la Mallorca y de la Unidad Central Operativa (UCO) de Madrid aterrizaron en el estacionamiento de la discoteca cuando el local acababa de cerrar.
A partir de ese momento, los agentes, apoyados por guardias civiles de Ibiza de varios grupos, como el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), comenzaron el registro en la oficina de la discoteca, para lo que se valieron también de dos perros adiestrados.
Simultáneamente, la Guardia Civil registró los domicilios de los sospechosos en Ibiza, así como otras viviendas y locales de Barcelona, un barco que, al parecer, es propiedad del dueño de la discoteca, y varias cajas de seguridad de al menos dos oficinas bancarias de la isla.
El martes los registros en las oficinas de Amnesia duraron unas 17 horas, es decir, desde las siete de la mañana hasta casi la medianoche.
Pese a todo, a esa hora la discoteca abrió al público. Al día siguiente a mediodía se reanudó el trabajo. En esta ocasión los agentes de la Guardia Civil registraron más a fondo aún: emplearon mazas, patas de cabra e incluso una radial. Ese día trascendió que los agentes ya habían encontrado al menos dos millones de euros en efectivo.
La investigación, tutelada por la jueza de Instrucción número 1 de Ibiza, María Luisa Bustillo, comenzó por una denuncia presentada por la Fiscalía en octubre pasado, que advirtió de que las empresas de Martín Ferrer podrían haber eludido el pago de importantes cantidades del impuesto de sociedades y del impuesto sobre el valor añadido durante varios años consecutivos.
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