El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Ibiza no tramitó las denuncias que Sara Calleja presentó en la comisaría de la isla contra su expareja Christian C. por enviarle mensajes amenazantes a través de Facebook a pesar de que una sentencia le prohibía comunicarse con ella durante cinco años, confirman fuentes de la Fiscalía.

De acuerdo con la información recabada por este periódico, tras el suicidio de Sara Calleja el pasado 11 de julio, que la Policía Nacional considera «inducido» por su maltratador, se comprobó que en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer había dos denuncias sobre las que no se habían llevado a cabo actuación alguna. «No tenían ni número», resaltan fuentes conocedoras del caso, que apuntan que al parecer se encontraban «en secretaría», en el despacho de la secretaria judicial.

Ante esta situación, el Juzgado de Instrucción número 4, que es el que se encontraba de guardia cuando llegó el atestado sobre la muerte de Sara Calleja el día 14 de julio, hizo constar que las citadas denuncias «no estaban tramitadas» y ordenó «su tramitación y que se instruyeran las diligencias correspondientes», apuntan fuentes judiciales.

De León a Ibiza

Sara Calleja llegó a Ibiza, donde reside su hija, en diciembre para alejarse del calvario que sufría en León a causa del maltrato infligido por Christian C., con quien inició una relación sentimental en 2010 y con quien rompió en septiembre de 2013 víctima ya de malos tratos.

A partir de entonces las denuncias contra su expareja se sucedieron. Fueron hasta 15 las que presentó allí, donde se llegó a juzgar y condenar a Christian C. a 9 meses de cárcel por amenazas en el ámbito familiar -condena de conformidad con el acusado dictada el 16 de junio de 2014-. En dicha sentencia se acordó, entre otras medidas, la prohibición de comunicarse con Sara «por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático» en cinco años.

Pero los mensajes no cesaron y en la isla, Sara Calleja, cuyo caso llevaba la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección de víctimas de violencia de género, volvió a denunciar a Christian C. Las denuncias se presentaron en la comisaría, una en mayo y otra en junio, y ambas se remitieron al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la isla.

La primera entró el pasado 19 de mayo. «La regla es que denuncia que entra, denuncia que el mismo día debe ser conocida, activada», indica el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, Juan Carlos Torres, que está de baja médica.

Intención de inhibirse

El magistrado recuerda que al recibir la denuncia «se procedió correctamente» pues él ordenó «a la oficina judicial, a quien correspondiera de la oficina, que se incoara y diera traslado al Ministerio Fiscal para que se pronunciara sobre la competencia» del caso. Y es que apunta que la intención era «inhibirse a León» ya que había antecedentes allí, la víctima -que tenía «una orden de protección extensa en el tiempo»- llevaba pocos meses en Ibiza y «se enviaba también copia de la denuncia a León».

«Estos datos son los que a veces apuntan, y lo tiene dicho el Tribunal Supremo, a que la competencia es del juzgado donde ha venido viviendo habitualmente. Por eso inicialmente la decisión era esta», comenta Torres, que dos días después, el 21 de mayo, causó baja por motivos médicos y desconoce qué sucedió a partir de entonces.

Sin embargo, parece que dicha orden no llegó a ejecutarse, pues si bien fuentes conocedoras del caso comentan que pudo iniciarse la redacción de un auto en este sentido, no se terminó ni tramitó. De hecho, la Fiscalía no recibió expediente alguno sobre este asunto.

En este sentido, fuentes del Ministerio Público dicen que conocieron el caso de Sara Calleja «por la prensa». Dos días después de la muerte de esta mujer, la Fiscalía recibió una llamada de los juzgados de León en la que le informaron de lo ocurrido y al día siguiente, el 14 de julio, la fiscal se personó en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que ya había recibido el atestado policial y donde aparecieron entonces las dos denuncias.

A su vez, la secretaria judicial que había entonces en este juzgado comenta que no recuerda «exactamente» lo sucedido con esas dos denuncias. «Como estábamos solo con tres funcionarios [otros cuatro estaban de baja] y sin juez, atendíamos los asuntos urgentes y esto no vino como asunto urgente», afirma en declaraciones a este diario desde su nuevo destino.

«Se iban repartiendo»

La secretaria, encargada de organizar el trabajo en la oficina judicial, señala que cuando murió Sara Calleja ella ya había cesado del puesto de secretaria en Ibiza e insiste en que no recuerda «el momento puntual de haber entrado» las denuncias o su contenido. «Las cosas que entraban se iban repartiendo, lo único que se guardaban eran asuntos que no eran urgentes. Todos los atestados se daban a los jueces. Incluso en ocasiones había cierta dificultad de hacerles llegar atestados puesto que también estaban con sus asuntos [de sus propios juzgados de Instrucción en los que estaban de guardia]», afirma la entonces secretaria.

Pero en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer todos los asuntos deben tener la consideración de urgentes, aunque haya unos que requieran más premura que otros. Así lo apunta la secretaria coordinadora del TSJB de Menorca y las Pitiusas, Josefa Juan Marí, que opina que «no es lo normal, ni es lo habitual ni lo que debe ser» el tiempo que pasó desde que se presentaron las denuncias hasta que Sara Calleja fallece y se comprueba que no están tramitadas. «En una situación precaria de personal [como la que había en este juzgado] hay que ver qué es urgente y que no. Pero dos meses en un juzgado como el Violencia sobre la Mujer de Ibiza [sin tramitar un asunto] es demasiado tiempo», concluye Juan Marí.

Antes de suicidarse el 11 de julio, Sara Calleja escribió una carta a la jueza que llevó su caso en León en la que relataba su calvario y también se quejaba de que había presentado dos denuncias más en Ibiza contra su acosador, en mayo y en junio, pero que no había recibido ninguna respuesta.