­La comisión gestora de la Federación Socialista de Eivissa (FSE) aseguró ayer que ha concluido su investigación sobre los hechos que motivaron la anulación del congreso insular del partido celebrado en marzo. Este capítulo se salda con cinco militantes expedientados, los dos últimos el pasado viernes.

Joan Boned, presidente de la gestora que el sábado desaparecerá con la celebración del congreso extraordinario en el que se nombrará una nueva ejecutiva insular, no quiso dar los nombres de los dos nuevos expedientados «para garantizar sus derechos» puesto que la apertura de expedientes contra ellos todavía no les ha sido notificada, ya que la gestora debe esperar al nombramiento de un instructor por parte del PSIB. Boned aseguró que para una de estas dos personas se ha solicitado la suspensión cautelar de militancia, que ambos serán informados antes del congreso del día 27 y que, en cualquier caso, no se perjudica a nadie con esta medida puesto que el sector crítico decidió voluntariamente no participar en esa convocatoria para la que existe una única candidatura, la oficialista.

La gestora concluye en su investigación que «existía una trama orquestada para obtener un resultado concreto en el congreso de marzo» y que de ella se han extraído cinco nombres (los expedientados) «que claramente tenían relación directa con los hechos, aunque está claro que no actuaron solos y tenían una cobertura más amplia». Los otros tres expedientados son Antonio Roldán, Desireé Ruiz y Javier Pina, que formaban parte de la gestora inicialmente y dimitieron «cuando se empezaron a abrir expedientes». «Dijeron que por estar en desacuerdo con la forma de hacer las cosas en la gestora. Siempre se han hecho con transparencia. Tenían exactamente la misma información y documentos que el resto de integrantes de la gestora», añadió Boned, que compareció acompañado por las otras tres personas (pertenecientes al sector oficialista) que permanecen en esta comisión: Pepa Marí, Marta Díaz y Miguel Padial.

«Todo gira en torno a la manipulación y falsificación de documentación oficial del partido», señaló Boned al explicar los hechos investigados. «Se falsificó el libro de registros y entradas, se destruyeron documentos registrados, se registraron documentos sin firma, hubo presiones a un delegado y se presentaron a la Mesa del Congreso escritos con datos falsos», relató en cuanto a las irregularidades. Aseguró que todo ello ha sido reconocido por los autores de los hechos que declararon siempre ante varias personas y en algunos casos acompañados de sus representantes legales.

Obstáculos de los expedientados

Apuntó también que la investigación se ha desarrollado con más lentitud de lo deseado por la gestora por su voluntad de ser rigurosa y por «las dificultades y obstáculos puestos por los propios expedientados». Como ejemplo citó «la voluntad de los afectados de no recibir notificaciones y su no asistencia cuando eran convocados por los instructores para prestar declaración». El presidente de la gestora considera cumplido el objetivo de «dejar fuera del partido a los que no quieren jugar según las reglas» y afirmó que el PSOE «es un partido que no merece afiliados que no estén dispuestos a respetarlo». Añadió que la trama montada para ganar la votación de la elección de secretario general no terminó en el congreso de marzo y relató que «hechos recientes» delatan «la prolongación de aquella trama». Entre estos apuntó la dimisión de la Ejecutiva de la Agrupación local de Ibiza y la de tres secretarios generales en otras agrupaciones locales.

Las claves

DEMANDA DE SALINAS

Por sus diferencias laborales

El ex secretario general de PSOE de Santa Eulària Carlos Salinas demandará al PSOE por sus diferencias laborales con el partido (de dinero y derechos, según explica). Carlos Salinas, que posiblemente será uno de los nuevos expedientados, está dentro del ERE que ha iniciado Ferraz.

LOS EXPEDIENTADOS

Ningún expulsado todavía

El expediente contra Desireé Ruiz quedó anulado al renunciar a su militancia. Pina y Roldán tienen dos expedientes cada uno (los primeros por lo ocurrido en el congreso y los segundos por hechos acontecidos durante la investigación). Ambos están suspendidos de militancia cautelarmente y pendientes de propuestas de expulsión. Hay dos nuevos expedientados, pero la gestora no quiso dar los nombres. En un caso se ha pedido también la suspensión de militancia.