­El juicio sobre el vertido de tierra y las obras ilegales en una zona boscosa protegida (ANEI y LIC) situada en las inmediaciones del cementerio nuevo de Vila, y por el que se pide una pena de cuatro años de cárcel para el exalcalde José Serra Escandell, puso de manifiesto la discrepancia sobre la gravedad del daño ecológico entre el informe de la técnica de la conselleria balear de Medio Ambiente y el biólogo Bartolomé Planas, contratado por el propietario de la finca, Fulgencio L. S., también acusado y para el que el fiscal pide la misma pena que a Serra Escandell, salvo el delito de prevaricación.

Alicia Florit, ingeniera de Montes y jefa de sección IV de la conselleria balear de Medio Ambiente, declaró ayer a través de videoconferencia sobre el informe que emitió en su día y en el que alertaba del riesgo de erosión e incendio del vertido. La técnica entiende que la tala de árboles (15 pinos en un área de 300 metros cuadrados, aunque el propietario de la finca declaró en el juicio que solo cortó tres) supone un daño «moderado» para el medio ambiente y, en cambio, calificó de «más grave» el vertido de tierra, al estar en un Lugar de Interés Comunitario y «no poderse regenerar de forma natural», sin retirar antes los acopios de material, que según sus cálculos (con GPS) ocupa 2.700 metros cuadrados.

Esta técnica declaró, en respuesta a la pregunta de la presidenta del tribunal, que no compartía las conclusiones del informe presentado por la defensa del propietario de la finca, realizado por la empresa del biólogo Bartolomé Planas (en septiembre de 2011), en las que se afirma que el impacto ambiental ocasionado por las obras ilegales tiene «muy poca entidad». En el juicio, Planas aseguró incluso que el daño es prácticamente «insignificante», tanto en lo que se refiere a las actuaciones para ampliar el cauce del torrente como del camino de Rafel Trobat. El biólogo apuntó que, según sus cálculos, el vertido ocupa un área de 1.650 metros cuadrados y se asienta sobre una explanada preexistente prácticamente virgen, al menos desde 1997, con vegetación «que no constituye una masa madura». La técnica de Medio Ambiente señaló, en cambio, que se sepultó algún pino y se afectó «a un hábitat de interés comunitario». En todo caso, señaló que la recuperación de la zona «no es muy complicada», aunque pasa, primero, por la retirada de la tierra acumulada, lo cual no se ha hecho. Florit calcula que en 10-15 años se podría recuperar el hábitat anterior.

Planas también rechazó, en contra del criterio del fiscal, que las obras de ampliación del lecho del torrente (es el camino de acceso a la finca del acusado) supongan un riesgo para las personas y bienes. Señaló que el caudal de este canal es «escaso» (0,6 kilómetros cuadrados) y que, de hecho, desemboca en el casco urbano, junto al cementerio nuevo de Vila, sin que se haya hecho ninguna canalización ni obra para evitar daños a la zona. «Con su ancho es imposible que haya algún problema. Hay torrentes con cuencas cien veces más grandes en la isla que son los que suponen algún riesgo», señaló.