­La alcaldesa de Vila, Marienna Sánchez-Jáuregui, el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y el resto de vocales del consejo de administración de la Autoridad Portuaria cobran 530 euros netos de dieta por la asistencia a cada reunión. Un portavoz del organismo que gestiona los puertos de titularidad del Estado explicó que se marca un tope máximo de 5.000 euros al año. El consejo de administración se reúne entre siete y nueve veces al año, aproximadamente. El presidente, el director y el secretario de la Autoridad Portuaria no perciben dietas, según la misma fuente autorizada, que apunta que «no se descarta» un recorte en este concepto, aunque es «una potestad que compete al consejo de administración».

La Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria aprobará en septiembre una reducción de las dietas que cobran los 16 vocales que integran el consejo de administración (en Balears está formado por 21 personas), según informa el periódico La Provincia. Actualmente, los vocales de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ingresan 600 euros por asistir a cada una de las reuniones que se convocan.

El Consell de Ibiza cedió a Sánchez-Jáuregui su puesto en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria. El equipo de gobierno de Vila aprobó el jueves en pleno la supresión de la paga extra de Navidad a los cargos públicos y la reducción de la parte proporcional (7,1%) de aquellos concejales que solo perciben dietas por asistencia a plenos o comisiones.

También se acordó eliminar las dietas por asistencia a las reuniones de las empresas Imvisa (230 euros brutos) e Itusa. Dicha propuesta deberá ser ratificada por los consejos de administración de dichas sociedades.

Tensión con PSOE-Pacto

No obstante, el equipo de gobierno tumbó una propuesta de PSOE-Pacte para que los cargos del Consistorio no cobren dietas por la asistencia a reuniones de los consejos de administración de otras instituciones, como el caso de la Autoridad Portuaria. La alcaldesa justificó que el pleno del Ayuntamiento «no es el foro» para aprobar esta cuestión, aparte de que ella ocupa el puesto que le ha cedido el Consell. El concejal de PSOE-Pacte Enrique Sánchez tachó a Sánchez-Jáuregui de «mentirosa e hipócrita» porque, a su entender, la alcaldesa podría renunciar de motu proprio al cobro de estas dietas. La alcaldesa expresó su malestar por el tono y dijo al edil de la oposición que le gustaría que «aprendiera modales».

En el debate sobre las dietas, la concejala de Cultura y Personal, Lina Sansano aseguró lo siguiente al concejal de PSOE-Pacte: «Dejaría este tema aquí. No quiero decirle que estamos cometiendo deslealtades cuando pactamos que según de qué temas no hablaríamos».

Sánchez respondió que no sabía a qué se refería. Tras el pleno la alcaldesa no quiso decir cuánto cobra en dietas de la Autoridad Portuaria porque, en cumplimiento de la Ley de Protección de datos, no quería «comprometer a las otras personas que forman parte del consejo de administración».

Se comprometió, eso sí, a facilitar la información oficial publicada. Ayer mismo, el Consistorio contactó con la Autoridad Portuaria y esta transmitió la información a este periódico.

Las dietas de los consellers: El Consell abona los desplazamientos

El Consell Insular de Ibiza informa de que la institución está representada en un centenar de órganos (comisiones, subcomités, patronatos, juntas rectoras, consejos de administración...), muchos de ellos de carácter técnico. En estos no se cobran dietas por asistencia, salvo en casos puntuales. El Consell de Ibiza abona los gastos de transporte y alimentación. Por ejemplo, el vicepresidente primero, Mariano Juan, cobra 170 euros por asistir a cada reunión de la empresa mixta Gestur, en Palma, con lo que cubre los gastos del viaje y alimentación, según explica la institución. El vicepresidente segundo, Antoni Marí, ‘Carraca’, también cobra dietas del Ibabsa para cubrir el viaje. En cuanto a las empresas públicas del Consell ibicenco, esta legislatura se han eliminado las dietas de Fecoef. Anteriormente, los consellers cobraban 130 euros por asistencia a cada reunión. Lo mismo con la empresa Spoctur, ahora disuelta, por la que se percibían 200 euros.