El conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, ha informado hoy de que las auditorías de las dos autovías de Ibiza ejecutadas en la pasada legislatura del PP han concluido que el Govern no era competente para realizarlas, tienen "irregularidades importantes" y "se ha malgastado dinero público".

Carbonero ha informado hoy al Consell de Govern del resultado de las auditorías realizadas a los proyectos, expropiaciones, licitaciones, obras e impacto ambiental de las carreteras de acceso al aeropuerto de Ibiza y de desdoblamiento de la vía Ibiza-Sant Antoni, según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete del Ejecutivo.

El conseller ha afirmado que las auditorías "vienen a concretar que se ha producido malgasto de dinero público y hay irregularidades adminsitrativas y jurídicas importantes, con la finalidad de poder llegar a ejecutar unas obras absolutamente desproporcionadas, que no eran las necesarias y prudentes".

Carbonero ha anunciado que el Govern actuará en función de lo que recomiende la abogacía de la comunidad autónoma que está estudiando ambos informes, pero de entrada tomará medidas de forma directa en algunas cuestiones que ya se pueden solventar como que ninguna de las obras ha reservado un 1% del proyecto a destino cultural como estipulaban los pliegos del concurso.

"No haremos amenazas ni calificaremos la actuación", ha dicho Carbonero, en respuesta a las declaraciones realizadas por la consellera de Transporte, Obras Públicas y Vivienda en la pasada legislatura y responsable de las autovías, Mabel Cabrer, que, según Carbonero "amenazó con presentar una demanda" si las auditorías no detectaban ninguna irregularidad.

Los informes han señalado que el Govern no era competente para ejecutar las obras porque excedían los convenios de carreteras firmados con el Gobierno central en 1998 y 2004. Además, las obras, que estaban presupuestadas en 8,33 millones de euros, han tenido un coste real de 150 millones de euros.

La auditoría, realizada por la UTE formada por Gerens Hill International SA y Ramón y Cajal abogados S.L.P., destaca también que en ninguna de los pliegos de condiciones de las obras se incluía la obligación al concesionario de destinar el 1% del coste total al ámbito cultural, lo cual incumple la Ley de Patrimonio Histórico de Baleares.

Carbonero ha señalado además que en el caso de la obra Ibiza-Sant Antoni, el concurso de licitación debería haberse declarado desierto porque "ninguna de las empresas que se presentó cumplió en su totalidad los pliegos de la licitación".

El sobrecoste en esta obra fue muy elevado, al pasar de los 4,7 millones del convenio y contrato, a los 93,21 millones en los que se licitó finalmente. El conseller ha destacado que incluía gastos como 165.000 euros para mantenimiento, de los que 61.000 euros al año se destinaban a tres máquinas quitanieves.

En la autovía del aeropuerto, entre las irregularidades detectadas destaca que las tierras que se sacaron se depositaron en terrenos entre la carretera y playa den Bossa, en vez de en canteras acondicionadas para ello como señala el proyecto.

Además la adjudicataria solo tiene instalada una estación para contabilizar el número de coches que pasan, cuando el proyecto establecía que debían ser 13 estaciones.

Carbonero ha dicho que el hecho de que solo haya una estación de medición implica una desviación de entre el 6,6% y el 20% de más en la contabilización de vehículos para calcular el sistema de "peaje en la sombra", lo que supone "hasta 1,4 millones de euros anuales de sobrecoste solo por esta cuestión".