El Consell Executiu acordó ayer impulsar la aprobación del reglamento de Participación Ciudadana, «uno de los compromisos fundamentales» del nuevo equipo de gobierno, según destacó el presidente de la institución, Xico Tarrés. Una de las primeras acciones previstas en el reglamento será la creación de un Síndic de Greuges de Eivissa, figura que ya existe en el ámbito autonómico, que tendrá «la misión de velar para que los derechos de los ciudadanos sean reales y efectivos».

El Síndic de Greuges, que lo llevará una sola persona de «reconocido prestigio» consensuada con la oposición, se encargará de tramitar quejas de los ciudadanos, intervenir en actos de conciliación y comunicar el resultado de sus actuaciones. También participará en la redacción del reglamento definitivo de Participación Ciudadana, según explicó la consellera insular de Política Social y Sanitaria, Patricia Abascal. El Síndic de Greuges será la nueva denominación del Defensor del Ciudadano, una figura que fue aprobada por pleno el 23 de diciembre de 2001 durante el primer gobierno del Pacte y que nunca se ha hecho realidad pese al interés mostrado tanto por los partidos de la izquierda como por el PP.

Tarrés destacó que la puesta en marcha de este reglamento supondrá «una transformación» de la relación de la institución con los ciudadanos. «Todos nos llenamos la boca de democracia, pero cuando se excava un poco se ve que falta, que falla por todos los lados. Los ciudadanos participan en la vida pública en las elecciones, pero poca cosa más», admitió el presidente, que reiteró que el nuevo reglamento, que «se consensuará con la oposición», regulará de qué manera los ciudadanos pueden ser atendidos por la Administración y reconocerá sus derechos. Tarrés confía que en un par de meses el nuevo reglamento se pueda elevar al pleno para su aprobación.

La consellera de Política Social y Sanitaria explicó que el reglamento reconoce el derecho de los ciudadanos a la información, al de presentar quejas o sugerencias, al de la iniciativa popular, el de audiencia y el de asistencia y participación en los órganos colegiados. Sobre el derecho de participación colectiva, Abascal destacó que el Consell prevé que los colectivos y entidades de la isla puedan «gestionar directamente» algunos intereses públicos. Entre otras medidas, la institución prevé la elaboración de un registro de entidades, que es el modo que tienen los ciudadanos para interrelacionarse con la Administración, y el reconocimiento del derecho de los colectivos a «la utilización de medios públicos», como salas de reuniones u otros espacios.

El reglamento contempla la puesta en marcha de un teléfono de información gratuito (010) y otros mecanismos telemáticos para facilitar el contacto directo. El Consell también pretende acercar la actualidad de la institución al ciudadano a través de «un boletín informativo» y promover acuerdos con otras administraciones para crear «una ventana administrativa común». Tarrés señaló que por el momento la institución no ha previsto una partida económica específica. «Se trata de un paso inicial», justificó.