El Parlament rechaza la enmienda a la totalidad contra la Ley de la Vivienda

El Parlament balear rechazó ayer, con los votos de los partidos que apoyan la gestión del Govern, una iniciativa del Partido Popular que pretendía la retirada de la denominada Ley de la Vivienda, que permitirá la construcción de «bloques de pisos en suelo rústico», según denunciaron los populares.

La diputada del PP Margalida Cabrer defendió la retirada de esta norma, pero finalmente el proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda continuará con su tramitación parlamentaria, a pesar de las críticas vertidas en las últimas semanas por Unió Mallorquina (UM), el Bloc per Mallorca i PSM-Els Verds.

El principal asunto de la jornada parlamentaria de ayer empezó a debatirse con la intervención de Cabrer, que pidió sin éxito a UM y el Bloc que se abstuvieran en la votación porque el primer partido es «contrario» a la futura ley y los nacionalistas han exigido su retirada, según recordó la diputada popular.

Cabrer añadió que el proyecto del Govern es un «bodrio» y un «grave error» que supondrá un «perjuicio para nuestra Islas y creará problemas en el sector inmobiliario», además de un «destrozo territorial, económico y jurídico».

Tras lamentar que se «destruirá nuestro territorio y nuestro suelo rústico», este proyecto «vulnera» la normativa autonómica, estatal y europea en cuanto a la evaluación del impacto ambiental, que «se la salta a la torera».

El conseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, Jaume Carbonero, replicó al PP que si el Ejecutivo quiere que se apruebe de manera «urgente y excepcional» esta futura ley es para facilitar el acceso a la vivienda social de los jóvenes de Balears.

En su turno de intervención, Carbonero echó de menos que Cabrer ofreciera una alternativa y le recordó que los populares, cuando han gobernado la Comunitat, no han hecho «nada» en políticas sociales de vivienda.

«De la misma manera que el metro no puede ser submarino, las viviendas no pueden ser aéreas», ha manifestado el conseller para justificar la adquisición de suelo rústico con el objetivo de construir viviendas sociales.

«Lo más fácil es no hacer nada», manifestó Carbonero, que ha defendido que la obligación del Ejecutivo -recogida por la Constitución española- es «facilitar» el acceso a la vivienda a los ciudadanos, y de manera especial a las clases sociales con menos recursos.

La intención del Ejecutivo es hacer 5.000 viviendas protegidas en los próximos cuatro años, lo que «no supone ninguna destrucción masiva de territorio», remarcó el conseller, quien aseguró que la alternativa presentada por el PP es «inservible, inútil, copia la ley estatal y pasaría muchísimo tiempo» antes de disponer de nuevas viviendas.

Para el conseller, la diputada «ha venido hoy al Parlament a hacer un ejercicio de demagogia y quien saldrá derrotada hoy será la propuesta del PP».

En los pasillos del Parlament, el portavoz parlamentario de UM, Bartomeu Vicens, explicó que no sabe qué votará su partido en un futuro respecto a la Ley de la Vivienda, que debe continuar su tramitación en la Cámara legislativa antes de su aprobación final.

Mientras tanto, el portavoz del grupo socialista, Antoni Diéguez, manifestó su confianza en que la ley saldrá adelante con el apoyo final de UM. En referencia al posicionamiento de esta formación, Diéguez señaló que «a veces alguien puede decir cosas y que se equivoque», pero luego es posible que «recapacite y tome las medidas que correspondan», por lo que se ha mostrado optimista respecto a su apoyo final.