10 años de promesas para el deslinde

Aunque el deslinde de la zona marítimo terrestre de Formentera fue aprobado hace poco más de 10 años, la lucha de los afectados se remonta a principios de los años noventa. En 1995 los propietarios afectados ya comenzaron a recibir las correspondientes notificaciones en el período de tramitación de la línea que marcaría, dos años más tarde, el uso y dominio público litoral. El período de alegaciones sirvió para poco, ya que no fue estimada prácticamente ninguna de las presentadas, salvo la del Ayuntamiento de Formentera, dirigida a que el deslinde tuviera en cuenta la realidad de los núcleos urbanos recogidos en las Normas Subsidiarias de 1989. Un año antes el Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, la Ley de Costas, en la que se basa todo el desarrollo normativo posterior. La peculiaridad es que esa Ley tiene carácter retroactivo y afecta a todos los inmuebles y propiedades incluidos en los correspondientes deslindes del litoral que se han ido aprobando desde entonces.

En el caso de Formentera el movimiento ciudadano contra el deslinde nació a principios de los noventa. La Asociación de Vecinos del Litoral Español dio apoyo y cobertura legal a los afectados de Formentera que se organizaron desde el inicio de la tramitación del mismo. El entonces presidente de ese colectivo, Juan Tur Escandell, fallecido hace unos años, fue el motor de ese movimiento ciudadano, que consiguió la solidaridad de todos los sectores sociales de la isla y de todos los partidos políticos, que desde el principio apoyaron las revindicaciones de los afectados.

Desde entonces las promesas políticas tanto del PP como del PSOE se han sucedido en cada una de las convocatorias electorales, tanto locales y autonómicas como generales. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado lo difícil que resulta que la Administración revoque una orden dictada por ella misma, teniendo en cuenta además que las resoluciones judiciales siempre han estado del lado del Gobierno central.

Recurso de Matas

En 1998 el Ejecutivo autonómico del PP, presidido por Jaume Matas, anuncia que presentará un recurso contencioso administrativo contra el deslinde de Costas de Formentera, cuya sentencia desestimatoria por parte de la Audiencia Nacional se hace pública en 2002. La entonces diputada del PP María Luisa Cava de Llano también interviene y trasmite a la ministra el malestar de la población de Formentera.

La campaña de la elecciones locales de 1999, sobre todo por parte del PP, estuvo salpicada de promesas y compromisos hacia los afectados por el deslinde, desde el propio Jaume Matas al entonces secretario general del PP, Javier Arenas, se reunieron en varias ocasiones con los afectados para garantizarles una solución que respetase sus propiedades privadas.

Pero en 1999 el Pacto de Progreso gana las elecciones en Balears y al poco tiempo el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, nombra a Jaume Matas ministro de Medio Ambiente. Desde el Govern progresista se insiste una y otra vez para que el ministro actúe a favor de la histórica reivindicación de Formentera buscando una salida política. El propio Matas insiste en que no puede hacer nada, ya que el caso esta en sede judicial, teniendo en cuenta que los afectados interpusieron más de 60 recursos particulares. En el verano de 2005 el Supremo dicta las sentencias desestimatorias para la mayoría de los recursos.

Un año más tarde el movimiento ciudadano vuelve a resurgir a través de la Plataforma de Afectados por el Deslinde. En junio de 2006 el Congreso de los Diputados aprueba una propuesta del PP, por unanimidad, para que el Gobierno inicie conversaciones con el Ayuntamiento para buscar una solución.