El PSIB aceptará la protección de Calas del Sur que pide el PP

El diputado regional del PSOE Joan Boned asegura que la zona continua a Roca Llisa conocida como Calas del Sur se podría incluir finalmente en el catálogo de zonas que se protegerán a través de la Ley de medidas urgentes porque «no tendrá ningún coste para el Govern» al tratarse de un espacio no desarrollado. Esta semana comienza el trámite parlamentario de la normativa que evitará «el desarrollo de urbanizaciones en zonas emblemáticas de las islas», recordaba Boned, y que dará «la tranquilidad necesaria» mientras se tramita «la Ley balear del suelo, que estará aprobada en esta legislatura».

Boned repitió el argumento de la falta de fondos del Ejecutivo balear para afrontar las posibles indemnizaciones en Comte. El diputado recordaba que el Govern ya se ha comprometido a asumir las compensaciones que se puedan derivar de la protección de Benirràs, Cala d´Hort, Punta Pedrera y Roca Llisa en una «operación para desmontar las urbanizaciones que autorizaron ayuntamientos y cargos del Partido Popular», al que tachó de «estrambótico» por pedir ahora la protección de más espacios.

Lo que sí va en la línea de la trayectoria de los conservadores, según Boned, son sus enmiendas para permitir «la urbanización de Benirràs y Cala d´Hort» en su línea de «desproteger el territorio». Eso sí, el diputado se pregunta por qué sólo estas dos, «¿qué intereses ocultan detrás de esta reivindicación?». Por eso, Boned dice que para el PP sigue habiendo «ciudadanos de primera y de segunda», a los que intentan manipular «con cortinas de humo» detrás de las que ocultan sus verdaderas intenciones en las enmiendas que han presentado a la Ley de medidas urgentes.

«Tienen tal obsesión por encontrar defectos, que critican lo que no existe», como «la suspensión de artículos del PTI» a través de la nueva normativa. La posibilidad de construir en ANEI, recordaba Boned, «está en manos de los consells». Lo que sí hace la normativa es «recuperar la coherencia territorial» en las islas, «especialmente en Eivissa, donde se abusó del urbanismo a la carta en la pasada legislatura». El diputado recalca que se ha acabado con «la amnistía urbanística» que promovía el PP en el suelo rústico, con «trajes a medida» como en la mansión de Michel Cretu, «un auténtico pelotazo» con «beneficios que no se sabe quién se ha llevado».

Boned también defendió que el consorcio urbanístico que promueve la Ley para las islas «no invadirá competencias municipales» sino que permitirá que los ayuntamientos «colaboren diciendo qué tipo de protección quieren y ayudando a buscar compensaciones». En los traslados de edificabilidad al entorno de las zonas urbanas se buscará «el interés general» y si no es posible encontrar una solución factible será el Govern «quien asuma las compensaciones».