Los vertidos en ses Planes d´en Fornet que se juzgarán en mayo se iniciaron en 1990

La huelga de funcionarios obligó a suspender el lunes el juicio por unos supuestos vertidos ilegales en la finca identificada como ses Planes d´en Fornet o también Venda Vicent de ses Planes, situada en la parroquia de Jesús, en el municipio de Santa Eulària. La nueva vista está prevista para el próximo 12 de mayo, un retraso de tres meses que no parece demasiado importante si se tiene en cuenta que los primeros residuos urbanos habían empezado a llegar a este terreno en 1990.

Así lo recoge el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, que reproduce la estimación que realizaron en 2002 los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que acabaron precintando la finca en diciembre de aquel año.

Según la relación de hechos que apunta el ministerio público, en julio de 1997 se pidió una autorización para rellenar mediante escombros y proceder a la distribución en bancales de la finca, una licencia denegada por el Consistorio en septiembre del año siguiente. Además, la petición de permiso se remitió a la conselleria de Agricultura, que informó desfavorablemente el 23 de julio de 2006, añade el escrito de la Fiscalía.

El 19 de enero de 2002 son los agentes del Seprona los que observan que desde hacía una docena de años se habían acumulado gran cantidad de residuos. De estos vertidos, según los agentes, sería responsable B. C. R., uno de los dos acusados.

En la versión que defiende la acusación pública, el ahora imputado carecía de permiso municipal aunque sí tenía la autorización de los dos propietarios consecutivos del terreno, uno ya fallecido y el otro enjuiciado en esta causa e identificado como V. J. E.

Los dos imputados están imputados por la comisión de un supuesto delito contra el medio ambiente por el que se les pide una condena de tres años de prisión y una multa de 3.600 euros.

Según la acusación que se formula contra ellos, la actividad que estaban llevando a cabo «comportó un riesgo de contaminación de las aguas subterráneas en el acuífero local que ha sido catalogado como grave, llevando a su vez un riesgo sobre las personas que también ha sido catalogado como grave puesto que existe por lo menos una captación de agua para riego y uso doméstico».

La Fiscalía recoge también el informe de la dirección general de Recursos Hidráulicos que el lugar elegido para realizar los vertidos incumple la Ley de Aguas. El motivo es que alternan las condiciones de la rasante «al sobreelevar de tal manera la cota topográfica del nuevo lecho sobre la zona inmediatamente aguas abajo, y dada la naturaleza de los vertidos, serán inevitables los efectos erosivos a causa de la circulación de las aguas en régimen de crecida», recoge el escrito de acusación del ministerio público.

También por lo civil

El escrito de la Fiscalía propone que se abra «una pieza separada de responsabilidad civil» y se requiera a los acusados a que abonen una fianza.