Hace ahora un año, las máquinas excavadoras de las autovías penetraban, de madrugada y protegidas por un fuerte contingente armado, en las fincas de cuatro miembros de la familia Ramón. En cuestión de pocos minutos, bajo una desapacible llovizna procedente de un cielo encampotado, fueron destruidos los hogares de Margalida Tur (Ca na Palleva), de una hermana suya y de sus hijos Joan y Nieves. Semanas antes había sido arrasada también parcialmente la parcela de Antoni Planells Tur, Malalt, que es a la vez su hogar y negocio, pues explota allí unos viveros de plantas. Ca na Palleva y Can Malalt fueron durante algunos meses el núcleo del enfrentamiento social desencadenado por la construcción de las autovías. Allí, como también en es Puig (Sant Antoni) o en Can Pere Casetes, grupos de vecinos se interpusieron ante las excavadoras en marcha y los agentes antidisturbios para tratar de impedir físicamente estos proyectos.

Un año después de la caída de Ca na Palleva, Margalida Tur no tiene una vivienda propia. «Algunas temporadas vive conmigo en una casa cerca de sa Cova Santa y otras las pasa en casa de mi hermano», afirma su hijo Paco Ramón.

Asegura que Margalida «no se ha llegado a acostumbrar a la nueva situación. Aquello era su casa», señala Paco, en alusión a la vivienda payesa que durante semanas fue velada día y noche sin interrupción por los `antiautopistas´ mientras ella misma les servía desayunos y bocadillos.

De sus tres hijos, sólo Paco vive ahora en una casa en propiedad. Tanto Joan como Nieves habitan en viviendas en alquiler. A ella el Govern ya le ha pagado la indemnización, pero tanto Joan como Paco no han recibido aún la totalidad de la cuantía de la expropiación. Nieves ha visto cómo su terreno ha sido expropiado casi íntegramente, haciendo imposible la reconstrucción de la casa en alguna parte restante. A Paco le han quedado 3.000 metros cuadrados de los 7.000 originales y sí podrá reconstruirla, «pero no me han dejado ningún acceso para llegar a ella; hace ocho o nueve meses que lo pido. No es tan complicado», afirma.

Paco Ramón, un año después de los acontecimientos, lo sigue teniendo claro: «Sigo pensando que la autopista que han hecho es una animalada. No hacía falta hacer todo esto».

Antoni Planells, Malalt, se ha visto obligado a abandonar a su socio en el vivero después de una relación ininterrumpida de 32 años. El negocio ha sufrido los efectos. Al otro lado de la carretera, Malalt y su socio tenían semillas de variedades autóctonas de hortalizas, pero «cuando mi compañero quiere venir a verme ahora, tiene que recorrer dos kilómetros y medio, dando un rodeo hasta un lugar donde pueda alcanzar el otro lado de la autovía», pese a estar ambos uno frente a otro.

«Se ha demostrado que teníamos razón cuando decíamos que esto iba a ser una barbaridad», añade.

Este veterano agricultor no alberga ninguna duda de que los grandes rebajes, túneles y trincheras excavados en la autovía «sólo tenían como misión proporcionar tierra para el campo de golf del Grupo de Empresas Matutes». «Abel dice que no es así, pero sigue mintiendo, como siempre. También decía que las autopistas sólo tirarían cuatro casas en total, y dos de ellas serías suyas. Ya se ha visto la realidad», agrega. Para él, «estamos en un sistema oligárquico y caciquil que no es propio del siglo XXI».

Planells admite que los ingresos han bajado, «porque la gente ya no ve dónde está nuestro negocio», ubicado al pie del gran foso abierto para soterrar la autovía. «Pero intentaré continuar adelante, llevando el vivero entre mi esposa y yo, para no dejar desatendida a mucha gente que confía en nosotros», explica. «Sólo espero que, al menos, la gente no olvide todo lo que ha pasado, ahora que hay elecciones», concluye.