Córdoba quiere que el Govern explique si el relevo en Costas ha influido en las nuevas autorizaciones de Formentera

El conseller no adscrito del Consell de Formentera y diputado autonómico, Llorenç Córdoba, llevará al próximo pleno de la institución insular una proposición para censurar la gestión del Govern balear y del equipo de gobierno de Sa Unió en la tramitación de las autorizaciones de las instalaciones de temporada de las playas de Formentera. La iniciativa solicita también la reprobación del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y exige transparencia sobre todo el procedimiento.

En una nota de prensa, Córdoba hace un resumen de la sucesión de acontecimientos de los últimos meses: la resolución inicial que redujo de forma importante las instalaciones solicitadas por Formentera, las críticas posteriores, el cese de la directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina 'Xima' Ferrer, el 7 de agosto, y una nueva resolución más favorable a las pretensiones del Consell apenas 11 días después.

"¿Cambiaron el criterio de Costas o cambiaron a la directora para que cambiara el criterio?", plantea Córdoba en su comunicado, para reclamar después que el Govern publique todos los informes técnicos y jurídicos que permitan conocer qué cambió entre una resolución y otra.

Del recorte de mayo a la nueva resolución

El 7 de mayo de 2026, la dirección general de Costas y Litoral dictó una primera resolución que dejó fuera de la autorización 681 hamacas y 339 sombrillas, afectó a 16 lotes y dejó playas como ses Illetes sin parte de estos servicios.

Córdoba recuerda que aquella decisión se apoyaba en la normativa de costas, los condicionantes ambientales y los informes técnicos y jurídicos incorporados al expediente. El 19 de mayo, el propio Lafuente defendió en el Parlament que la normativa debía cumplirse "guste o no guste", aunque dejó abierta la posibilidad de estudiar individualmente las alegaciones.

Por ello, Córdoba considera que el Govern debe aclarar ahora qué documentación nueva se aportó, qué informes cambiaron y qué instalaciones cumplen actualmente unas condiciones que inicialmente se consideraron incumplidas.

La controversia se intensificó durante el verano, con críticas desde Sa Unió y distintos sectores empresariales a los criterios aplicados por Costas. El 7 de agosto, el Govern cesó a Xima Ferrer. Días después trascendió una carta firmada por 21 empleados públicos del departamento en apoyo de la exdirectora, en la que defendían su profesionalidad y su respeto a los criterios técnicos y jurídicos.

Córdoba precisa que no acusa a nadie de haber ejercido presiones ilegítimas ni sostiene que la nueva resolución sea ilegal, pero considera que la proximidad entre el cese y el cambio en las autorizaciones obliga al Govern a ofrecer explicaciones.

Versiones que no encajan

El conseller no adscrito señala además una contradicción entre las explicaciones del Govern y las del Consell de Formentera.

La conselleria del Mar y del Ciclo del Agua sostiene que las nuevas autorizaciones han sido posibles después de que el Consell introdujera durante las alegaciones renuncias, reubicaciones de zonas de hamacas y sombrillas y reducciones de superficies.

Sin embargo, Córdoba recuerda que la consellera insular de Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha defendido que lo finalmente autorizado era sustancialmente lo mismo que Formentera había planteado meses antes.

"El Govern dice que ha cambiado la resolución porque el Consell modificó las propuestas. Sa Unió dice que las propuestas ya eran las mismas tres meses antes. Las dos explicaciones no encajan", sostiene Córdoba, que reclama comparar públicamente la documentación técnica de ambas fases.

También critica que Sa Unió se atribuya políticamente el mérito de haber recuperado autorizaciones mientras niega que su intervención haya influido en el resultado final.

Petición de transparencia

La proposición que Córdoba llevará al pleno reclama que el Govern remita todos los informes técnicos, jurídicos y ambientales que fundamentaron tanto la primera resolución como la definitiva.

También pide una relación cronológica de las reuniones, conversaciones y comunicaciones mantenidas entre el Consell de Formentera, la conselleria y la dirección general de Costas, así como una comparación detallada, playa por playa e instalación por instalación, entre la propuesta inicial, la resolución de mayo y la nueva decisión.

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