Servicios de playa
GxF y Sa Unió cruzan reproches por la crisis de los servicios de playa de Formentera tras el relevo en la dirección general de Costas
La oposición habla de "fracaso" en la gestión del litoral, mientras el gobierno insular niega presiones y responsabiliza a la anterior licitación de GxF y PSOE
Un grupo de hamacas y sombrillas en Cala Saona en una imagen de archivo / Carmelo Convalia
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El relevo al frente de la dirección general de Costas ha reavivado el enfrentamiento político por la gestión de los servicios de playa de Formentera, con GxF y Sa Unió intercambiando reproches sobre el origen de la crisis y las actuaciones realizadas para intentar resolverla en sendos comunicados de prensa.
Gent per Formentera (GxF) considera que el cese de Maria Joaquina Ferrer confirma el "fracaso" de la política de litoral del Govern de Marga Prohens y de Sa Unió. La formación insularista sostiene que sustituir a la máxima responsable de Costas por el exalcalde de Llucmajor Joan Jaume no soluciona los problemas generados esta temporada.
GxF pone el foco en la reducción de los servicios de hamacas y sombrillas, la incertidumbre entre los concesionarios y los perjuicios ocasionados a empresas, trabajadores y familias. "Cambiar la persona responsable de la dirección general no revierte las decisiones adoptadas ni repara los perjuicios causados", sostiene.
La formación atribuye la responsabilidad política de lo sucedido a Prohens y al conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y también reprocha a Sa Unió no haberse anticipado a la situación ni haber defendido suficientemente los intereses de Formentera ante el Govern. "Formentera no necesita un simple cambio de nombres, sino decisiones, seguridad y soluciones", concluye GxF.
Sa Unió rechaza las acusaciones
Sa Unió rechaza estas críticas y niega de forma tajante que haya ejercido presiones sobre funcionarios durante el conflicto. El equipo de gobierno asegura que ha presentado alegaciones, recursos e informes técnicos y jurídicos para tratar de "desbloquear" la situación, actuando siempre "dentro de la más estricta legalidad".
La vicepresidenta insular, Verónica Castelló, defiende que el objetivo ha sido proteger los intereses de la isla y garantizar unos servicios que considera esenciales. Sa Unió atribuye además el origen del problema a la licitación impulsada por el anterior gobierno de GxF y PSOE y acusa a la oposición de intentar trasladar ahora la responsabilidad de sus consecuencias al actual ejecutivo insular. "Los mismos que provocaron esta situación ahora pretenden culpabilizar al equipo de gobierno, dar lecciones de buena gestión y promover una campaña de desprestigio contra el gobierno de la isla y contra el gobierno autonómico", denuncia Sa Unió en su comunicado.
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