La Asociación de Usuarios Profesionales exige al Consell de Formentera que justifique las restricciones en el canal de navegación de s'Estany des Peix

La Asociación de Usuarios Profesionales de s'Estany des Peix (Aupep) ha hecho público en un comunicado su malestar por las restricciones que, según denuncia, se están imponiendo en el canal de acceso a s'Estany des Peix. La entidad ha presentado un requerimiento formal al Consell de Formentera, a la Escuela de Vela y a los responsables de la gestión de este espacio para exigir que se detengan esas limitaciones mientras no se acredite de forma documental la cobertura legal que las ampara.

La asociación sostiene que el canal se utiliza desde hace años para las maniobras ordinarias de navegación, embarque, desembarque y acceso a tierra, y subraya que sus profesionales hacen un uso “acorde a su naturaleza”, especialmente para trasladar a sus clientes desde tierra hasta las embarcaciones de alquiler que esperan en el exterior de s'Estany.

Aupep rechaza, además, que ese paso pueda considerarse de uso exclusivo del Consell o de la Escuela de Vela. En su argumentación, insiste en que se trata de un canal de navegación abierto al uso propio de este tipo de espacios y compara su situación con otros accesos náuticos de la isla que tampoco están reservados de forma excluyente a un único operador, como los canales balizados que instalan los restaurantes de zonas como ses Illetes para facilitar el desembarque de sus clientes desde los yates fondeados frente a la costa.

En el requerimiento, la entidad solicita la entrega íntegra de "la concesión, autorización o cualquier otro título jurídico" que pudiera atribuir a la Escuela de Vela o a terceros un derecho exclusivo sobre el canal, así como los planos, informes técnicos, instrucciones y documentación que hayan servido de base para las restricciones actualmente impuestas. También pide que se identifique a la autoridad responsable de esas decisiones.

Dominio público marítimo-terrestre

La base jurídica del escrito se apoya en una idea central: el canal forma parte del dominio público marítimo-terrestre, donde rige, según la asociación, una presunción de uso común mientras no exista una limitación expresa, motivada y debidamente documentada. Por eso, Aupep sostiene que ninguna administración puede sustituir un acto administrativo formal por órdenes verbales o actuaciones materiales que limiten derechos de los usuarios.

La asociación entiende que, si existe una restricción real sobre el uso del canal, esta debería articularse mediante un acto administrativo expreso, notificado y susceptible de control jurisdiccional. En caso contrario, considera que se estaría actuando por la vía de hecho, es decir, imponiendo limitaciones sin el procedimiento legal previo exigible.

Junto al plano jurídico, los profesionales ponen también el foco en la seguridad. Aupep advierte de que parte de las infraestructuras de s'Estany des Peix presentan un estado deficiente y sostiene que impedir el uso del canal sin habilitar una alternativa segura puede incrementar los riesgos para usuarios, embarcaciones y consumidores. "Por culpa de la dejación del Consell, la rampa de sa Boca ahora está destruida por falta de mantenimiento, está inutilizable", aseguran desde la entidad, apuntando que, anteriormente, se usaba ese acceso público para llevar a los clientes con barcas auxiliares desde tierra hasta las embarcaciones de alquiler.

Cese de actuaciones limitadoras

Por ello, la asociación no solo pide transparencia documental, sino también el cese inmediato de cualquier actuación verbal, intimidatoria o material que limite el acceso al canal sin respaldo administrativo suficiente. A su juicio, mantener esas restricciones sin una alternativa operativa puede acabar trasladando el problema al conjunto de usuarios de s'Estany.

Pese al tono firme del requerimiento, Aupep asegura que su intención no es abrir una confrontación institucional, sino garantizar que cualquier limitación del uso de un espacio público se adopte con plena transparencia, mediante actos administrativos expresos y con respeto a la legalidad y a los derechos de los usuarios.

La entidad advierte, no obstante, de que si no obtiene respuesta dentro del plazo concedido valorará emprender "acciones administrativas y contencioso-administrativas" para lograr el cese de las actuaciones que considera injustificadas y la protección de los derechos de sus asociados.

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