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Pleno ordinario

La oposición apremia a Sa Unió a garantizar el servicio de autobuses público en Formentera y a pagar las cantidades pendientes a la concesionaria

La moción aprobada por el pleno busca asegurar la continuidad del servicio de autobuses y resolver las discrepancias económicas con la concesionaria

Imagen de archivo de la presentación del primer autobús eléctrico de la isla

Imagen de archivo de la presentación del primer autobús eléctrico de la isla / P.M.V.

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Pilar Martínez

Pilar Martínez

Formentera

El pleno ordinario de junio del Consell de Formentera, celebrado este jueves, aprobó una proposición en la cual se reclama al equipo de gobierno de Sa Unió que actúe con urgencia para garantizar la continuidad del servicio público de autobuses en la isla y regularizar las cantidades económicas pendientes con la empresa concesionaria. La iniciativa, presentada por el conseller no adscrito Llorenç Córdoba, salió adelante con nueve votos a favor de la oposición y seis abstenciones del equipo de gobierno.

El texto advierte de que los retrasos o impagos de compensaciones por bonificaciones y gratuidades pueden afectar a la situación económica de la empresa y, con ello, al pago de nóminas, combustible, mantenimiento de vehículos y funcionamiento normal del servicio, una situación que la propia concesionaria hizo pública el pasado 27 de junio mediante un comunicado de prensa.

Durante el debate de la proposición, la consellera de Movilidad, Verónica Castelló, calificó el conflicto de "discrepancias económicas" entre lo que la concesionaria considera que debería recibir y la cantidad determinada por el Consell tras unas auditorías y criticó el uso de los medios de comunicación para "hacer presión sobre unos expedientes que están ya cerrados".

Defender el transporte público

El conseller no adscrito quiso dejar claro que su proposición "no iba de defender a una empresa concreta sino al transporte público de Formentera, a los trabajadores y a los usuarios", una afirmación que, tras el pleno, respaldó el propietario de la concesionaria de los autobuses, Juan Costa Paya.

El empresario también valoró las explicaciones del portavoz de Gent per Formentera (GxF) Rafa González sobre las razones que, a su juicio, han llevado a esta situación: "La fórmula que se aplica en los contratos esta legislatura es contraproducente para la concesionaria, porque no tiene unos importes fijos mensuales basados en kilometraje", resumió Costa. Así, los primeros seis meses del año quedan "a riesgo y ventura" de la empresa, lo que supone asumir alrededor de 2.000 kilómetros de servicio prácticamente sin ingresos hasta el mes de mayo, ya que fuera de temporada la gran mayoría de los usuarios son residentes y, por tanto, no pagan billete. "Eso sin contar que es entonces cuando se trabaja en la puesta en marcha de los vehículos para el verano, con reparaciones, ITV y demás", añadió. Costa lamentó además que los 175.000 euros correspondientes a las gratuidades de 2025, que no cobrarán hasta septiembre, podrían ayudar a la empresa a superar la temporada. "Pero sin ellos, no sé cómo hacerlo", afirmó.

El acuerdo aprobado insta al Consell a tramitar y abonar las cantidades pendientes, revisar todas las obligaciones económicas vinculadas al transporte público y adoptar, si hace falta, medidas transitorias como pagos a cuenta o anticipos. También pide un informe urgente sobre los importes pendientes y una reunión con la empresa, los técnicos y el Consell para fijar un calendario claro de pagos.

Ordenanza actividades musicales

Córdoba también obtuvo el apoyo unánime del pleno a una proposición que reclama que la futura modificación de las ordenanzas sobre horarios, actividades musicales y contaminación acústica no suponga una rebaja en la protección del descanso, la convivencia, la salud y el medio ambiente. La iniciativa defiende la necesidad de compatibilizar la actividad económica, turística, comercial, hostelera y de ocio con la calidad de vida de residentes y visitantes.

El conseller no adscrito logró igualmente el respaldo unánime a su petición para reactivar la Mesa de la Delimitación de Costas de Formentera en un plazo máximo de 15 días con el objetivo de "actualizar una posición común de la isla ante los cambios normativos y administrativos relacionados con el litoral".

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