Tres aspirantes demandan al Consell de Formentera por irregularidades en la concesión de las licencias temporales para taxistas en 2022

Tres aspirantes a obtener una licencia temporal de taxi en Formentera han presentado una demanda contencioso-administrativa contra el Consell de Formentera y contra cuatro adjudicatarios de autorizaciones temporales, en un procedimiento que se tramita ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma. El recurso se centra en la falta de respuesta del Consell a una denuncia presentada en agosto de 2022, en la que solicitaban revisar varias licencias concedidas para los años 2022 y 2023 y se pedía que fueran revocadas y adjudicadas a las siguientes personas de la lista si se confirmaban los incumpimientos denunciados.

El caso tiene su origen en el Plan de Actuación en materia de transporte público de viajeros en vehículos turismo para los años 2022 y 2023 en Formentera, publicado en el BOIB el 20 de enero de 2022 y en el que se regulaban los requisitos para obtener autorizaciones temporales de taxi de ámbito municipal y se establecían las condiciones de prestación del servicio durante la temporada.

Posteriormente, el 23 de marzo de 2022, se aprobó una lista ordenada para adjudicar las autorizaciones temporales. Según la demanda, se concedieron ocho licencias de una de las categorías previstas, mientras que los tres demandantes quedaron situados inmediatamente después en la lista de admitidos, por lo que que debían ser llamados si alguna de las autorizaciones otorgadas era revocada.

Los demandantes presentaron el 10 de agosto de 2022 una denuncia administrativa ante el Consell, con registro de entrada, en la que señalaban presuntos incumplimientos por parte de cuatro adjudicatarios de licencias temporales y ordinarias de taxi. En ese escrito solicitaban que se investigaran los hechos, se revocaran las autorizaciones afectadas y se adjudicaran las plazas al contingente de reserva.

Sin respuesta del Consell

Al no recibir respuesta, los tres aspirantes presentaron el 7 de febrero de 2023 un nuevo escrito en el que solicitaban una resolución expresa. Según recoge la demanda, esa petición tampoco fue contestada, por lo que los afectados acudieron a la vía contencioso-administrativa frente a la inactividad del Consell.

La demanda, formalizada el 9 de febrero de 2023, sostiene que los adjudicatarios denunciados habrían incumplido requisitos básicos del plan de taxis y del reglamento municipal del servicio. Entre ellos, el carácter personal de las autorizaciones, la obligación de explotar la licencia directamente, la prohibición de transmitir o ceder licencias, la disponibilidad del vehículo adscrito y el límite de conductores asalariados por licencia.

Uno de los puntos centrales del escrito es que las licencias temporales tienen carácter personal e intransmisible. Es decir, según el plan aprobado por el Consell, van vinculadas a una persona física concreta y no pueden ser cedidas, alquiladas o traspasadas a terceros. Además, si el titular tiene también una licencia ordinaria, debe prestar personalmente el servicio a jornada completa en una de las dos autorizaciones.

Detective privado

Los demandantes apoyan sus acusaciones en varios informes elaborados por un detective privado en julio de 2022. Esos informes apuntarían a situaciones como titulares que no explotarían personalmente sus licencias, posibles cesiones a familiares o terceros, jornadas inferiores a las exigidas, uso de vehículos que no estarían a nombre del titular de la autorización o la presencia de más conductores asalariados de los permitidos.

En uno de los casos, la demanda sostiene que el titular de dos autorizaciones no prestaba personalmente el servicio porque trabajaba de forma exclusiva en otro negocio. Además, afirma que una de sus licencias habría sido alquilada a otra persona, lo que, de confirmarse, vulneraría la prohibición de transmisión o cesión no autorizada.

En otro caso, los demandantes alegan que un adjudicatario no podía desarrollar personalmente la actividad por problemas de salud y que sus licencias habrían sido explotadas por familiares o terceros. La demanda añade que una de esas autorizaciones temporales habría sido cedida a otra persona a cambio de una contraprestación económica y que el vehículo utilizado no pertenecería al titular de la licencia, sino a quien supuestamente la explotaba.

El escrito judicial también señala a otro adjudicatario al que atribuye una dedicación personal de solo 21 horas semanales, por debajo de la jornada completa que exigía el plan para los titulares de una autorización estacional. En un cuarto caso, se denuncia que una licencia ordinaria la habrían explotado exclusivamente conductores asalariados y que se habría superado el máximo permitido por la normativa.

Indemnización

Con estos argumentos, los tres aspirantes piden al juzgado que les dé la razón y obligue al Consell a actuar. En concreto, reclaman que se retiren las licencias cuestionadas si se confirma que no cumplían los requisitos legales, y que esas autorizaciones pasen a las personas que ocupaban los siguientes puestos en la lista.

Además, la demanda pide una indemnización por el dinero que, según los afectados, dejaron de ganar desde el momento en que consideran que deberían haber recibido esas licencias. En caso de que ya no sea posible adjudicarles las autorizaciones porque el plazo del plan de taxis ya ha terminado, los demandantes solicitan una compensación económica por todo el periodo en el que deberían haber podido trabajar con esas licencias.

También piden que el Consell asuma las costas del procedimiento judicial, al entender que la falta de respuesta de la administración les obligó a acudir a los tribunales.

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