Formentera detectó en 2025 a 52 adultos entre los 165 migrantes no acompañados que dijeron ser menores

Entre el drama humano que supone la llegada masiva a las Pitiusas de migrantes procedentes de Argelia destaca estos últimos meses el creciente número de menores de edad indocumentados que viajan en patera sin estar acompañados por ningún familiar, de manera que, cuando tocan tierra en Ibiza o en Formentera, quedan bajo la tutela de los consells insulares respectivos.

La guardia y custodia de estos niños y adolescentes supone para las instituciones insulares no solo un gran esfuerzo asistencial, sino también un elevado desembolso económico, ya que tienen que pagar a entidades especializadas para que faciliten una vivienda, educación, tratamientos médicos y cuidados diarios a esos menores.

En especial, el Consell de Formentera sufre desde hace unos años el desgaste económico que supone enfrentar pagos de hasta cuatro millones de euros trimestrales, según aseguró el pasado miércoles la consellera de Bienestar Social, Cristina Costa, quien recordó que durante el pasado mes de mayo llegaron a Formentera 35 menores, que elevaron hasta 169 la cifra de niños y adolescentes tutelados a día de hoy por la pitiusa del sur.

Menores que no lo son

El problema surge cuando esos migrantes que se juegan la vida cruzando el Mediterráneo en búsqueda, en su mayoría, de una vida mejor, se declaran menores de edad sin serlo.

Así ocurrió durante 2025 con 52 de los 165 migrantes llegados a Formentera que alegaron ser menores de edad. Tras someterse al procedimiento establecido para determinar su edad, resultaron ser mayores de 18 años. Es decir, el 31,5% de quienes declararon ser menores no lo eran finalmente, mientras que en 113 casos sí se confirmó la minoría de edad.

Respecto al año actual, desde enero hasta el mes de abril, última fecha de la que se disponen datos, se estableció inicialmente la tutela de 60 migrantes que a su llegada a Formentera declararon ser menores de edad. Una vez realizadas las comprobaciones, la cifra se redujo a 49, lo que deja 11 casos en los que se descartó la minoría de edad, el 18,3% del total. A estos datos falta añadir todavía el resultado de las pruebas correspondientes a los 35 jóvenes llegados durante el mes de mayo.

En el mismo periodo de 2025, entre enero y abril, de las 47 personas recién llegadas en patera que alegaron ser menores, 40 lo eran realmente y siete habían superado la mayoría de edad, lo que representa un 14,9% de casos descartados.

Verificación de edad

Esta realidad no solo supone un coste añadido para las instituciones, sino que también pueden generar problemas de convivencia en los recursos destinados a menores. El propio presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha atribuido algunos de los conflictos registrados este año a la “convivencia entre menores y personas adultas en los mismos recursos”.

El pasado 11 de marzo, Portas pidió a la directora insular de la Administración del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, que se agilizaran las pruebas de verificación de edad que se practican a los menores migrantes no acompañados. El objetivo es evitar que personas adultas permanezcan durante más tiempo del necesario en dispositivos concebidos para dar una atención especial a los niños y adolescentes.

La edad de los migrantes indocumentados que llegan a España y alegan ser menores no se determina mediante una única prueba concluyente. El procedimiento se activa cuando existen dudas y combina revisión documental, identificación policial, comprobación en registros, valoración de indicios y, si persisten dudas, pruebas médicas como radiografías de muñeca, dentición o clavícula ordenadas por la Fiscalía. Estas pruebas estiman una horquilla de edad, con margen de error, por lo que en caso de resultado no concluyente debe prevalecer el principio de protección del menor.

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