Ibiza y Formentera lanzan un mensaje común: "La situación creada por la llegada de menores no acompañados en pateras es insostenible"

El escenario provocado por la llegada continuada de menores migrantes no acompañados a las Pitiusas, especialmente a Formentera, está llevando al límite la capacidad de acogida de los servicios de Bienestar Social de ambas islas. Formentera tutela actualmente a 169 menores, mientras que Ibiza tiene bajo su custodia a alrededor de un centenar, según los últimos datos aportados por las conselleras de Bienestar Social de los respectivos consells insulares tras la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales de las Illes Balears, celebrada este miércoles en Formentera.

Tras la reunión, la consellera balear de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, aseguró que la presión migratoria que soporta Formentera "supera" a la que padece el archipiélago canario. Fernández volvió a reclamar al Gobierno central "recursos y efectivos para atender a los menores", así como una "política migratoria real y eficaz que acabe con esta crisis humanitaria". Desde el Govern balear, defendió, se apuesta por "una inmigración legal, ordenada y humana", frente a la situación actual, que, según afirmó, "es de todo menos humana". La consellera recordó además la aportación extraordinaria de 4,1 millones de euros realizada hace unos meses por el Ejecutivo de Marga Prohens al Consell de Formentera para sufragar gastos del área de Servicios Sociales.

"Al borde del colapso"

La consellera de Bienestar Social de la pitiusa del sur, Cristina Costa, denunció que el departamento que dirige se encuentra "al borde del colapso" por la atención a los 169 menores que tutela actualmente la institución insular. Costa explicó que, al no disponer Formentera de alojamiento adecuado para estos niños y jóvenes, muchos deben ser derivados a otras islas de Balears y atendidos por entidades especializadas en este tipo de recursos. Según detalló, la factura trimestral de estas prestaciones ronda los cuatro millones de euros, una cantidad que el Consell no puede asumir en solitario.

"Ahora mismo se deben casi cuatro millones de euros a las entidades que se ocupan de los menores", lamentó Costa, que añadió que la institución está buscando financiación para hacer frente a esta deuda, sin saber todavía cómo podrá asumir la cantidad que se genere en el próximo trimestre.

Por su parte, la consellera de Bienestar Social del Consell de Ibiza, Carolina Escandell, también calificó la situación de "insostenible". Escandell quiso distinguir entre el "circuito de protección ordinario", que atiende a menores en situación de desprotección “compleja, pero perfectamente identificada y gestionada por los servicios sociales”, y el "circuito de la migración", en el que, según afirmó, "no hay un itinerario definido, ni una planificación, ni se sabe en qué condiciones llegan” los menores.

A juicio de Escandell, este segundo escenario responde a "una situación de desprotección derivada de un fenómeno migratorio completamente descontrolado y sin gestionar”. "Seguimos predicando en el desierto y la situación es ya insostenible", denunció la consellera ibicenca, que alertó además del riesgo de que el desbordamiento de los servicios sociales acabe afectando también a los menores atendidos dentro del circuito ordinario de protección.

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