Córdoba acusa a Sa Unió de usar al Govern como excusa por su mala gestión del concurso de servicios de playa en Formentera

El diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, ha aprovechado su intervención en el pleno del Parlament balear celebrado este martes para criticar la gestión del equipo de gobierno de Sa Unió en la renovación de las autorizaciones de los distintos lotes de servicios de playa. Tras preguntar al conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, por las acusaciones de la vicepresidenta del Consell y consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, quien, según Córdoba, atribuye al Ejecutivo autonómico el retraso en las autorizaciones de hamacas y sombrillas, el diputado ha concluido que, a su juicio, la respuesta del Govern no avala el relato defendido por la institución insular.

Durante su intervención parlamentaria, Córdoba ha sostenido que el problema "no nace ahora", sino que tiene su origen en un modelo de concesiones “mal planteado desde el principio”. Según ha recordado, el concurso lo inició y redactó Gent per Formentera, ejecutó el PSOE con Antonio Sanz al frente del área, y finalmente adjudicó y mantuvo Sa Unió pese a las advertencias jurídicas y técnicas existentes.

En este sentido, el diputado ha señalado que la respuesta del conseller, quien se ha limitado a insistir en que la normativa debe cumplirse, confirma que el origen del conflicto se encuentra en la adjudicación de concesiones por un periodo de ocho años sobre autorizaciones de solo cuatro, así como en la obligación de aplicar el Reglamento de Costas y los informes técnicos correspondientes.

Para Córdoba, esta explicación desmonta la idea de un “bloqueo arbitrario” por parte del Govern balear y demuestra que el problema es mucho más profundo. “Hablamos de un concurso jurídicamente frágil, de un expediente que se ha alargado durante meses entre requerimientos, informes y correcciones, y de una gestión que no ha dado seguridad ni a los empresarios ni a la ciudadanía”, ha afirmado.

El diputado también ha criticado que el gobierno de Sa Unió haya intentado convertir un problema administrativo complejo en una acusación política contra el Govern balear, en lugar de asumir su parte de responsabilidad y reconducir una situación que, según ha señalado, “ya venía advertida desde hace tiempo”.

Asimismo, Córdoba ha señalado la contradicción que, a su juicio, supone que algunas concesiones cuestionadas o sometidas a procedimientos de caducidad continúen funcionando (en referencia a los quioscos de playa), mientras otros elementos de playa con autorización todavía no se han podido poner en marcha.

Canon estatal

Por su parte, el conseller Lafuente ha asegurado que "el grueso" de autorizaciones está dado, cifrando en 39 el número de esas autorizaciones temporales ya están aprobadas que podrán entrar en funcionamiento una vez reciban desde Demarcación de Costas del Gobierno central el importe del canon que deben satisfacer antes de comenzar a montar

Finalmente, Córdoba ha recordado que en 2024 ya advirtió públicamente de que aquel concurso era “una mala solución, jurídicamente frágil y difícil de defender”, y ha considerado que Formentera “está sufriendo hoy las consecuencias de aquellas decisiones”.

Desde la conselleria del Mar y el Ciclo del Agua han explicado que a raíz de las distintas reuniones entres los equipos técnicos de ambas administraciones, se han ido realizando subsanaciones técnicas en la documentación presentada. Estas enmiendas se incorporaron al expediente y permitieron avanzar en la tramitación hasta la resolución de 39 autorizaciones temporales, dentro de un total de 63, quedando el resto (24) pendientes de completar o acreditar determinados requisitos, como el cumplimiento de distancias u otros aspectos técnicos.

Aunque el concurso licitaba un total de 38 lotes, estos se desglosan en 63 autorizaciones, ya que cada lote puede generar más de una autorización individual en función de las condiciones técnicas, ubicaciones o ajustes incluidos en el expediente.

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