Las playas de Formentera pierden un tercio de sus hamacas y sombrillas este verano

Las playas de Formentera tendrán este verano un total de 681 hamacas y 339 sombrillas menos que en la temporada anterior, tras una resolución de la Dirección general de Costas y Litoral del Govern balear sobre las instalaciones de playa para el periodo 2026-2029 que deniega el montaje de 16 lotes completos y reduce el número de elementos en otros dos lotes. Esta cifra supone un 37% menos del total existente hasta ahora y permite la presencia de 1.169 tumbonas y 589 parasoles en toda la costa.

Tan solo 20 de los 38 lotes licitados por el Consell Insular en 2022 y adjudicados en 2023 por un periodo de seis años (prorrogables dos más) y que incluyen escuelas de vela y balizados de playa, han recibido el visto bueno de Costas y podrán montar todos sus elementos, aunque no se sabe con certeza la fecha exacta para poder llevar a cabo la instalación.

Los lotes que no podrán instalarse están situados en las playas de Cavall d'en Borràs, donde solo se ha autorizado el situado frente al conocido restaurante Beso Beach; en la playa de ses Illetes; en Llevant, en es Pujols, en la zona de es Copinar y "entre Migjorn y es Ca Marí". Las tres escuelas de vela de es Ca Marí, Cala Saona y Maryland y el balizado de playas sí han recibido la autorización.

Aplicación estricta de la normativa

La consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha explicado en una rueda de prensa que Costas ha optado por aplicar la legislación vigente en materia de protección medioambiental del litoral de la manera más restrictiva, de manera que ha basado su decisión para denegar o aprobar las adjudicaciones en criterios como la distancia mínima de 10 metros respecto al borde del mar, un condicionante que es de aplicación solo en playas consideradas como de "gran afluencia", por lo que la institución insular entiende que para el Govern, todas las playas de la isla lo son. Anteriormente, la distancia mínima exigida era de seis metros, correspondiente en la normativa a playas de menor afluencia. Otros de los condicionantes tenidos en cuenta por Costas han sido el espacio libre entre ocupaciones; las limitaciones de tramos ocupados; y conceptos ambientales adicionales, como la distancia entre los elementos de playa y las dunas embrionarias.

Según ha adelantado Castelló, el Consell de Formentera presentará un recurso contra la decisión del ente dependiente de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ya que desde la institución insular consideran que se ha seguido correctamente el procedimiento establecido para solicitar la renovación de la concesión y no comparten "algunos de los criterios excesivamente restrictivos" aplicados en la resolución. Además, Castelló ha responsabilizado de la actual situación al equipo de gobierno de la anterior legislatura, que licitó este tipo de servicios de playas para seis años, cuando la normativa autonómica dice que deben renovarse las autorizaciones cada cuatro años. Ha sido en el momento de renovar esta concesión cuando el Govern balear ha impuesto este cambio de criterio. "Se comenzó la licitación sabiendo que, una vez finalizada la temporada de 2025 se debía pedir de nuevo autorización de los elementos de playa por otros cuatro años", ha lamentado la consellera, calificando de "temeraria" la actuación del anterior gobierno que ahora debe solventar Sa Unió.

La responsable del área de Medio Ambiente ha defendido que "el Consell ha hecho su trabajo en tiempo y forma", ya que presentó la solicitud de renovación de las adjudicaciones el 2 de septiembre de 2025, calculando que la resolución final de Costas podría tardar "entre cuatro y seis meses". Según ha afirmado la consellera, en febrero fueron contactados por la dirección general para subsanar algunas incorrecciones que se solventaron rápidamente. A primeros de marzo, se informó al Consell que todo estaba correcto "vía email", pero el 9 de abril recibieron un comunicado oficial requiriendo nuevas correcciones "vinculadas a aspectos técnicos en relación con informes ambientales del Parque Natural" y a criterios de la normativa Ocamat, la Orden de la conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 19 de junio de 2013 por la que se aprueban los criterios generales de distribución de instalaciones de servicio de temporada en el dominio público marítimo-terrestre balear.

"Se hicieron todas las correcciones técnicas requeridas y se presentó de nuevo el informe completo entre los días 23 y 24 de abril, que se volvió a presentar entre el 6 y 7 de mayo una vez aplicadas nuevas rectificaciones exigidas", ha insistido Castelló. El Consell de Formentera "ha ido respondiendo a todos los requerimientos técnicos, ambientales y administrativos que se han ido pidiendo", ha añadido la consellera, que ha querido dejar claro que la administración insular "comparte plenamente la necesidad de proteger el litoral y garantizar la sostenibilidad ambiental, pero también defiende que esta sostenibilidad debe ser compatible con la realidad económica y social de la isla". La consellera ha querido también recordar que hasta 2023, las competencias en materia de autorizaciones era del Estado central y desde entonces ha pasado al Govern balear, que es la administración que ha decidido aplicar de manera estricta la normativa.

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