Una empresa acumula 180.005 euros en sanciones por un almacén y un taller

El Consell de Formentera ha aprobado dos expedientes sancionadores contra una misma empresa de alquiler de vehículos que suman 180.005 euros por diversas irregularidades detectadas en actividades desarrolladas en Sant Ferran y en la Savina. La Junta de Govern dio luz verde el pasado 6 de marzo a ambas propuestas, que sancionan a la mercantil por ejercer actividades sin el preceptivo título habilitante y por mantener instalaciones con incumplimientos administrativos y técnicos, algunos de ellos con riesgo para las personas.

La sanción más elevada corresponde a un edificio situado en la localidad de Sant Ferran, donde el Consell constató que se estaba desarrollando una actividad de depósito y custodia de motos, además de almacenamiento de otros elementos, sin disponer de la autorización exigible. A ello se añadían importantes deficiencias en el inmueble, que, según los servicios técnicos, incumplían las condiciones mínimas exigidas por la normativa en materia de seguridad estructural, incendios, accesibilidad, salubridad y protección.

Por estos hechos, la institución insular ha impuesto a la empresa una multa de 12.001 euros por una infracción grave al ejercer la actividad sin título habilitante y otra de 120.000 euros por una muy grave derivada de las condiciones del edificio. Entre las anomalías detectadas figuran la acumulación de numerosos vehículos con posible contenido de combustible, la presencia de aceites e hidrocarburos sin instalación de protección contra incendios y el estado inacabado de la edificación, sin escaleras adecuadas, con rampas improvisadas y ausencia de barandillas para evitar caídas entre distintos niveles.

El expediente, que se inició el 30 de octubre de 2025 tras diferentes inspecciones realizadas por los técnicos de la institución insular a raíz de una denuncia de un particular en septiembre de 2020, recuerda además que sobre este inmueble ya se había acordado como medida cautelar el cese total de la actividad y la retirada de todos los vehículos y materiales almacenados, una paralización que se mantiene mientras persistan las irregularidades. De hecho, la actividad fue precintada el 3 de febrero de 2026 por orden de la Presidencia del Consell.

Taller sin permiso

El segundo expediente se refiere a un taller de reparación de vehículos de la misma empresa ubicado en La Savina, donde la administración insular ha impuesto cuatro sanciones de 12.001 euros cada una, por un total de 48.004 euros. En este caso, el Consell concluye que la empresa desarrollaba la actividad en varios espacios sin disponer del correspondiente título habilitante ni de todas las autorizaciones sectoriales necesarias.

Según el acuerdo aprobado, en los locales 6, 7 y 8 de la mercantil se ejercía la actividad de taller sin cobertura administrativa suficiente, mientras que en los locales 9 y 10 se había producido una modificación sustancial de la actividad autorizada, con cambios en la configuración, ampliación de superficie, unión de locales, alteración de instalaciones y realización de usos distintos de los recogidos en los proyectos autorizados, sin tramitar el correspondiente título habilitante de modificación ni el cambio de titularidad.

A estas irregularidades se suman otras deficiencias que el Consell considera constitutivas de una infracción grave, al apreciar un riesgo grave, aunque no inminente, para la seguridad, la salubridad o el medio ambiente. Entre ellas figuran el uso de un elevador de vehículos sin marcado CE, el repostaje de motocicletas dentro del taller mediante garrafas y tubos, el almacenamiento de bidones de combustible, baterías, cartón, restos de pintura y otros productos químicos, así como la falta de acreditación del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. El expediente añade además una cuarta sanción por carecer de póliza de seguro de responsabilidad civil en los locales inspeccionados.

Este último expediente se inició el 26 de septiembre de 2025 y en él se menciona la intervención de la dirección general de Política Industrial del Govern balear a raíz de una denuncia emitida el 10 de junio de 2021 por el Seprona de la Guardia Civil en la cual se pedía el cese de la actividad de taller de reparación. En fechas posteriores (2023 y 2024), tanto los servicios técnicos del área de Actividades como los agentes de la Policía Local elaboraron informes al respecto.

Alegaciones desestimadas

En ambos procedimientos, la empresa presentó alegaciones solicitando el archivo o la paralización de los expedientes, pero fueron desestimadas íntegramente. En el caso de Sant Ferran, la mercantil pidió un plazo de tres meses para presentar un proyecto de regularización y defendió que en el edificio solo se almacenaban motos vinculadas a su actividad de alquiler. Sin embargo, el Consell concluyó que el objeto del expediente no era la situación urbanística del inmueble, sino el hecho de que se estaba desarrollando una actividad sin título habilitante y con deficiencias que comprometían la seguridad.

En el expediente del taller de la Savina, la empresa alegó, entre otras cuestiones, que algunos hechos ya habían sido abordados en otros procedimientos y que parte de las infracciones habrían prescrito. La instructora rechazó también estos argumentos al considerar que se trataba de una actividad continuada, que siguió ejerciéndose pese a actuaciones previas y órdenes de cese, y que los expedientes citados por la mercantil no resolvían las deficiencias detectadas en materia de actividades.

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