El Consell de Formentera renuncia a impugnar el concurso del puerto al no ver opciones reales de éxito en los tribunales

El Consell de Formentera ha acordado desistir del procedimiento ordinario que había interpuesto la institución ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra el acuerdo adoptado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) el pasado 6 de mayo de 2025, relativo a los pliegos del nuevo concurso para la explotación de instalaciones en el puerto de la Savina. Según anunció el pasado mes de diciembre de 2025 el presidente de la APB, Javier Sanz, a finales del próximo mes de marzo se podría saber quién es el nuevo concesionario de las marinas del puerto de la Savina.

La impugnación del acuerdo adoptado por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Balears el pasado 18 de diciembre en el que se aprobaron los pliegos de bases y cláusulas del nuevo concurso para la gestión y explotación del puerto de la Savina, fue solicitada por unanimidad por todos los grupos políticos durante el pleno extraordinario del 20 de diciembre a raíz de una proposición de Gent per Formentera (GxF). Ahora, el Consell abandona la vía judicial tras un análisis técnico y jurídico encargado por la institución insular para evaluar "con el máximo rigor" las posibilidades reales de éxito del recurso judicial. El informe concluye, según una nota de prensa emitida por la institución formenterense, que la impugnación presenta una "viabilidad jurídica limitada" dentro del marco contencioso-administrativo y advierte de la existencia de un "escenario de riesgo procesal relevante, con expectativas de éxito objetivamente reducidas".

Monopolio

El dictamen jurídico señala que no resulta viable cuestionar la decisión de la APB de reordenar el puerto de la Savina y convocar un único concurso para otorgar una sola concesión que integre la gestión de los espacios terrestres (aparcamientos y locales comerciales) y los espacios de agua (amarres). Según el informe, la Autoridad Portuaria actúa dentro de las competencias que tiene legalmente atribuidas al tratarse de un puerto de interés general, y la unificación de concesiones "no excede sus facultades de organización y gestión".

Asimismo, el documento descarta que la convocatoria de un único concurso vulnere el principio de libre concurrencia o genere una situación de monopolio. Argumenta que "la adjudicación a un solo concesionario, seleccionado mediante concurso público entre empresas que cumplan los requisitos de solvencia establecidos en los pliegos, y con un sistema de tarifas máximas vinculantes susceptibles de mejora por los licitadores, no contraviene la libre competencia ni produce abuso de mercado".

Recursos públicos

Ante estas conclusiones, el equipo de gobierno de Sa Unió ha optado por desistir del procedimiento basándose en criterios de "prudencia jurídica, responsabilidad institucional y eficiencia en la gestión de los recursos públicos". El presidente del Consell, Óscar Portas, señala en el comunicado emitido por el Consell que "gobernar también implica tomar decisiones responsables cuando los escenarios jurídicos no ofrecen garantías razonables de éxito" y subraya que "no se pueden comprometer recursos públicos en litigios con una viabilidad limitada".

Portas advierte además de que la continuidad del proceso judicial podría suponer "un coste económico elevado para las arcas públicas" y el riesgo de una eventual condena en costas sin una expectativa sólida de estimación del recurso. "Nuestra obligación es actuar con rigor", afirma en el texto hecho público.

Pese al desistimiento de la vía judicial, el Consell ha asegurado que mantendrá el seguimiento del proceso y de las decisiones que se adopten en relación con la gestión portuaria, con el objetivo de "velar por los intereses de la ciudadanía de Formentera". En este sentido, el presidente recalca que "la retirada del recurso no implica renunciar a la defensa del territorio, sino ejercerla desde la interlocución institucional y la vigilancia activa".

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