Formentera.eco: Embargo parcial de la nómina por una multa recurrida y sin resolución firme

Javier Moreno es un residente de Sant Antoni que el domingo 8 de agosto de 2021 decidió desplazarse a Formentera a pasar el día en la playa, según explicó este martes en conversación telefónica a Diario de Ibiza. "Al final, la paella que fuimos a comer va a ser la más cara de mi vida", bromea Moreno antes de explicar que, el 27 de mayo de 2024, casi tres años después, se enteró de que el vehículo que conducía y que le había prestado un amigo, había sido multado por carecer de la autorización necesaria que otorga el programa que regula el acceso y la circulación por la pitiusa del sur, Formentera.eco.

Si la multa original era de 1.001 euros, con los recargos ya ha alcanzado los 1.250 euros, pero esa cantidad, aunque elevada, no es el problema, afirma Moreno. El origen del enfado de este ibicenco es que la Agencia Tributaria de las Illes Balears (Atib), ha comenzado a cobrar la sanción embargando parte de su nómina desde hace tres meses sin, denuncia, haber resuelto el recurso formal que presentó en junio de 2024 ni haber notificado la resolución final al interesado, algo que, según critica, "vulnera gravemente los derechos fundamentales".

"No sabía que era obligatorio"

"Como residente en Ibiza ni siquiera tenía que pagar por el permiso para circular por Formentera, no lo saqué simplemente porque no sabía que era obligatorio", asegura Moreno. El verano de 2021 fue el tercero de funcionamiento de Formentera.eco y las campañas informativas sobre la regulación no estaban tan extendidas como en la actualidad, aunque lo cierto es que, a pesar del aumento de los avisos, cada verano se sigue sancionando a miles de vehículos por incumplir la normativa.

"Nadie nos dijo nada, ni al comprar el billete para el barco ni al desembarcar en Formentera", argumenta, "cuando la ley dice que es su obligación", insiste. Formentera.eco se rige por la Ley 7/2019, de 8 de febrero, para la sostenibilidad medioambiental y económica de la Isla de Formentera, que especifica en su Artículo 5 que las empresas navieras que operen líneas con destino a Formentera, como también las empresas mediadoras o expendedoras de títulos de transporte marítimo, están obligadas a informar, durante el proceso de adquisición de los billetes de los vehículos, de las limitaciones de acceso y circulación de vehículos a motor en la isla de Formentera, así como también de las consecuencias del incumplimiento de esta norma.

El punto 2 del mismo artículo determina también que las navieras "están obligadas a verificar, en el proceso de embarque de los vehículos con destino a Formentera, que sus usuarios disponen de la acreditación" para circular de acuerdo con lo que dispone esta ley.

Caducidad de la sanción

Otro de los argumentos que esgrime Moreno en su recurso es la caducidad de la sanción: "La infracción tiene una prescripción de dos años y se notificó al propietario del vehículo el 20 de julio de 2023, que me identificó como conductor el día 31 del mismo mes, pero a mí no se me notificó hasta el 27 de mayo de 2024, cuando ya habían pasado más de dos años y medio".

Por eso, este joven presentó un recurso formal alegando prescripción y solicitando la resolución expresa del expediente, sin que a día de hoy haya recibido ninguna respuesta. "Llamo a la Atib y me dicen que han recibido más de 3.000 alegaciones a multas por el mismo motivo y que están desbordados, que todavía ni han podido mirar el último recurso que presenté en octubre de 2025", asegura. "Pero siguen embargándome parte de la nómina desde hace tres meses, cosa que es anticonstitucional al haber un procedimiento abierto", denuncia.

Javier Moreno recurrió también hace dos semanas al juez de paz para que intermediara en la cuestión y está a la espera de su contestación. "No es tanto la cuestión económica por la multa, el problema es que no es una sanción justa y, además, no se está procediendo conforme a la legalidad", concluye este ibicenco.