Un invierno sin quioscos de playa en Formentera el año que viene por la "persecución administrativa"

La polémica en torno a las concesiones de playa en Formentera continúa sumando capítulos. Juanjo Costa, responsable del lote 43 de la playa de Migjorn, ha denunciado públicamente lo que considera una "persecución administrativa" contra los nuevos concesionarios y ha advertido de que el próximo invierno, la isla se quedará sin quioscos debido a la obligación de desmontar las instalaciones.

Costa, que en numerosas ocasiones ha actuado como portavoz de siete de los ocho adjudicatarios actuales, recuerda que el origen del conflicto se remonta al concurso público convocado en diciembre de 2021 para adjudicar las concesiones de quioscos de playa. Según explica, el pliego de bases establecía claramente la posibilidad de explotar instalaciones fijas y no desmontables durante un periodo de seis años, prorrogables por dos más. "El Consell anunciaba entonces que los chiringuitos se convertirían en concesiones fijas que no habría que desmontar. Esa era la gran novedad del concurso", afirma en un comunicado firmado de manera individual, pero que, según él, representa el sentir del resto de los nuevos adjudicatarios.

El empresario resultó adjudicatario en marzo de 2022, aunque no fue hasta el 15 de junio de 2024 cuando obtuvo el visto bueno definitivo de todas las administraciones para iniciar el montaje del establecimiento. Entre ambas fechas, asegura que se produjo una sucesión de episodios que califica de "página negra de la política de Formentera", con enfrentamientos institucionales, investigaciones judiciales y "un largo etcétera de acontecimientos vergonzosos".

18 inspecciones en año y medio

Desde la apertura del chiringuito, el 28 de julio de 2024, Costa asegura haber recibido al menos 18 inspecciones de distintos organismos, entre ellos el Consell, agentes de Medio Ambiente, Policía Local, técnicos del Govern, Costas e incluso el Seprona de la Guardia Civil. "He perdido más tiempo atendiendo inspecciones que gestionando el propio negocio", lamenta.

Cuestiona además las sanciones propuestas y la imagen pública que, a su juicio, se está proyectando de los chiringuitos. "No somos perfectos y sabemos que podemos mejorar, pero tampoco somos tan malos como intentan hacer ver", señala, y pone como ejemplo expedientes abiertos por cuestiones como "una foto de una botella de plástico dentro de una papelera de cartón o no tener el horario lo suficientemente visible", a pesar de que hace dos años que reclaman al Consell el formato del cartel correcto. En su comunicado, Costa asegura que todas las sanciones están "debidamente recurridas", pero lamenta que, mientras tanto, la institución insular aprovecha para someter a los adjudicatarios a una "lapidación pública como insumisos e incumplidores sistemáticos", sin reconocer "al menos alguna de las 3.000 cosas positivas que se han hecho".

En este sentido, el empresario denuncia que, "si el Consell pone el mismo ímpetu de inspección en todos los contratos públicos que tiene firmados, tendríamos la mejor isla del mundo", y cuestiona si se utiliza "la misma intensidad" para controlar la contrata de residuos, los puestos de artesanía, las casetas del Mercado de Navidad o el campo municipal de deportes.

Desmontaje

La última y principal controversia gira en torno a la exigencia de desmontar las instalaciones durante el invierno, una obligación que, según Costa, no figuraba en las bases del concurso. "Desmontar implica no poder ejercer la actividad durante todo el año, cuando precisamente era una obligación del pliego, y asumir unos costes que no estaban previstos ni en la oferta técnica ni en la económica", explica. "Si hubiera estado previsto, me habrían descalificado", razona Costa.

El empresario sostiene que el propio Consell solicitó al Govern una modificación de la concesión para eliminar el desmontaje, con informes técnicos y jurídicos favorables, así como un estudio de impacto ambiental que advierte de los perjuicios para el entorno de hacerlo. "No hay ningún impedimento técnico ni jurídico; el problema es la falta de voluntad política", afirma, y respalda sus palabras con el resultado de una reunión mantenida en octubre de 2024 con el entonces director general de Costas, Carlos Simarro, en la cual también participó el asesor legal del concesionario, Javier Jiménez de Cisneros, y el abogado del Govern. En este encuentro, "Simarro confirmó que no había ningún impedimento ni jurídico ni técnico para hacer este cambio siempre que hubiera voluntad política".

Intereses políticos

Costa atribuye el bloqueo a "intereses políticos ajenos a la isla" y denuncia que Formentera no está siendo escuchada. "El Consell no hace lo que quiere, hace lo que le dicen desde Mallorca. ¿De qué sirve tener representación en el Parlament si no se defienden los intereses de la isla?", se pregunta.

Ante esta situación, los concesionarios han optado este año por no desmontar para evitar una reclamación patrimonial al Consell, aunque la decisión, según Costa, ha tenido el efecto contrario. "El Consell se ha puesto a la defensiva, arrodillándose ante Palma y el diputado díscolo (en alusión a Llorenç Córdoba)". "Por intentar evitar un conflicto mayor, hemos puesto en peligro nuestro propio título concesional y estamos permanentemente señalados", se lamenta el empresario.

De cara al próximo invierno, el responsable del Xiringuito Amar asegura que cumplirán el requerimiento administrativo: "Puedo garantizar que el invierno que viene no habrá quioscos: desmontaremos, mantendremos desmontado un mes y volveremos a montar después del 15 de febrero, con suerte para abrir en abril", advierte. Una situación que, a su juicio, volverá a generar quejas por la falta de servicios abiertos en temporada baja.

Suscríbete para seguir leyendo