La Audiencia Provincial absuelve al expresidente y tres exconsellers de Gent x Formentera en la causa de Ca ses Castellones

La Audiencia Provincial de Palma ha dictado la sentencia 38/2026, de fecha 29 de enero de 2026, por la que absuelve a Jaume Ferrer Ribas, Sònia Cardona Ferrer, Bartomeu Escandell Tur y Josep Mayans Costa, ex presidente del Consell y exconsellers de Gent per Formentera (GxF), en un procedimiento iniciado en 2013 sobre el caso de Ca ses Castellones, en Sant Ferran, y que aún puede ser recurrido.

Según la formación, se trata de una “segunda victoria judicial de GxF contra el empresario Stober en una semana”. En la resolución, la sala acuerda la absolución con todos los pronunciamientos favorables y establece la imposición de costas a la acusación en la práctica totalidad del procedimiento (10 de 12 partes), ejercida por el empresario Leo Stober mediante su sociedad mercantil Sunway S.L.

El caso se remonta a 2005, cuando aún siendo Ayuntamiento de Formentera, se concedió una licencia urbanística para la construcción de unos locales comerciales en el núcleo de Sant Ferran y en una zona declarada Bien de Interés Cultural. Para la construcción de dichos locales se demolió la casa payesa de Ca ses Castellones. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 2009 obligó al Consell de Formentera a derribar el complejo comercial y a anular todos los permisos otorgados. Entonces, la administración insular lo intentó evitar redelimitando el ámbito de los tres conjuntos históricos de Formentera y sus entornos de protección.

La acusación atribuía a los procesados “graves delitos” y solicitaba penas de prisión e inhabilitación en relación con Ca ses Castellones y con la urbanización de viales en Sant Ferran y es Pujols. En lo relativo a la desobediencia, la nota señala que el Ministerio Fiscal imputaba este delito únicamente a dos de los acusados y que, en el transcurso del procedimiento, llegó a sostener que la demolición de Ca ses Castellones no se había ejecutado, extremo que la Fiscalía reconoció finalmente como realizado en su informe final.

La sentencia subraya que entre la firmeza de la resolución (octubre de 2009) y el inicio de las obras de demolición transcurrieron tres años, pero precisa que no se trató de un periodo de inactividad, sino de actuaciones y recursos dentro de los cauces legales para intentar evitar la demolición. La sala añade que, agotadas esas vías, se ordenó la demolición y que “no hubo intención de no cumplir el mandato”.

Prevaricación y malversación

En cuanto a los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, la resolución recoge que en 2009 se firmó un convenio entre el Consell de Formentera y el Ministerio de Fomento para ejecutar dos rondas con accesos en es Pujols y Sant Ferran, con financiación íntegra estatal y bajo supervisión de órganos y funcionarios competentes. La sala concluye, además, que la acusación no concretó ni justificó gastos atribuibles a una conducta malversadora y aprecia una falta de concreción y de prueba suficiente, lo que conduce al pronunciamiento absolutorio.

La sentencia también fundamenta la condena en costas al considerar que la acusación actuó con temeridad por la falta de precisión en los hechos imputados y por no aportar una prueba mínima que sostuviera las acusaciones, según se desprende del propio texto de la resolución.

Testigos y contexto político

En la causa fueron citados como testigos, además de técnicos y peritos, José Manuel Alcaraz Escandell (Partido Popular) y Javier Serra Torres (GUIF). Sobre este punto, GxF sostiene que “las preguntas formuladas por la acusación sobre sus declaraciones y notas de prensa demuestran el apoyo tácito que Stober sentía del PP y del GUIF (ahora Compromís)”.

La formación enmarca el origen del asunto en una licencia concedida en 2005 por el entonces alcalde Juan Manuel Costa Escanellas (PP) y recuerda que Ca ses Castellones es, a su juicio, “una herencia recibida del tripartito de derechas de PP, GUIF y PREF”, añadiendo que “esta sentencia demuestra” que la gestión posterior por parte de GxF fue “responsable y ajustada a derecho”.

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