Formentera, un paso más cerca de un verano sin quioscos de playa

El Govern balear ha confirmado este viernes a Diario de Ibiza que ha incoado el procedimiento de caducidad de la concesión de los servicios de playa que ostenta el Consell de Formentera, y respalda de esta manera las declaraciones que hizo al respecto la consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, en la emisora local Radio Illa el pasado jueves. La concesión para la instalación y gestión de servicios del litoral en varios tramos de playa de la pitiusa del sur (CNC02/21/07/0045) incluye los servicios asociados a la temporada turística, como son los ocho quioscos, las escuelas de vela y los servicios de socorrismo, por lo cual la pérdida del título habilitante supondría la ausencia de estos servicios el próximo verano, ya que no habría tiempo material para iniciar un nuevo procedimiento concesional.

Esta decisión era predecible tras el duro informe técnico y jurídico de la conselleria balear del Mar y el Ciclo del Agua dado a conocer a mediados del mes de diciembre, donde se documentaban varios incumplimientos de «condiciones esenciales» por parte de los concesionarios de los quioscos de playa y que concluía aconsejando la caducidad de la concesión.

Sanciones económicas

Una de esas faltas señaladas por los técnicos en dicho informe era el haber desobedecido la orden de desmontar las estructuras del 15 de enero al 15 de febrero de 2025, un hecho que se ha vuelto a repetir este año, ya que tan solo uno de los ocho quioscos ha retirado la instalación de su localización. Aunque esta actuación no le serviría de nada a su propietario si se confirma la caducidad de la concesión administrativa, ya que los quiosqueros explotan los servicios pero no son los titulares de la concesión estatal, que pertenece al Consell Insular y sería retirada al completo, sin excepciones.

Si el año pasado los adjudicatarios tuvieron que abonar una multa de 1.500,01 euros impuesta por la Administración insular por ese mismo motivo, este año la cuantía podría ascender hasta los 3.000 euros, según Castelló. Además, a principios de enero el Consell comunicó que había abierto un total de 72 expedientes sancionadores por infracciones a distintas concesiones de playa que alcanzan un importe global de 55.041 euros.

Por su parte, el Govern balear ya ha avisado expresamente de que la caducidad de la concesión no impide ni sustituye la apertura de expedientes sancionadores, y que ambos procedimientos son jurídicamente compatibles y acumulables.

Alegaciones

Contra la decisión tomada por el Govern balear se pueden presentar alegaciones hasta el 2 de febrero, cosa que hará el Consell, según adelantó Castelló a Ràdio Illa. Desde el Ejecutivo autonómico no han sabido precisar el plazo de resolución de esas alegaciones pero, ante la ausencia de un periodo fijo establecido por ley para que una Administración resuelva las alegaciones, se podría aplicar la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, que determina un plazo máximo general de tres meses.

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