Las consecuencias para Formentera de la pérdida de la concesión de servicios de playa que incluye a los quioscos

Si la conselleria del Mar y el Ciclo del agua toma la decisión de tramitar la caducidad de la concesión administrativa CNC02/21/07/0045 para las instalaciones de servicios de playa en el litoral de Formentera entre los años 2022 y 2027, esto supondría la extinción inmediata del derecho a ocupar el dominio público marítimo -terrestre, por lo cual, en el momento en que la resolución sea firme, el Consell de Formentera dejará de tener cualquier título habilitante para mantener o explotar las instalaciones, que incluyen a los quioscos, escuelas de vela, baños, torres de socorrismo y otros elementos. Esto podría implicar el cierre total de los servicios de playa afectados. Toda ocupación posterior pasaría a ser ilegal y no existiría derecho a indemnización por la pérdida del título, al tratarse de caducidad por incumplimiento, pero los adjudicatarios sí podrían reclamar económicamente al Consell.

La extinción del título habilitante obligaría a iniciar un nuevo expediente completo cuya tramitación llevaría años. En el mismo informe técnico-jurídico emitido por la Dirección general de Costas y Litoral, perteneciente a la conselleria del Mar, donde se aconseja iniciar el procedimiento de caducidad de la concesión por el incumplimiento de condiciones esenciales, se recuerda que el Reglamento general de Costas establece un plazo máximo de 18 meses para resolver y notificar la resolución en los procedimientos de caducidad, por lo cual se aconseja «acordar su inicio a la mayor brevedad» posible.

Como alternativa y aprovechando este periodo máximo de un año y medio, se podría trabajar en paralelo en un nuevo modelo concesional, de manera que se prepararía una transición ordenada y Formentera no tendría que lidiar con la desaparición de estos famosos establecimientos de playa.

Desde el Consell de Formentera informan de que, si finalmente el Govern decide iniciar el procedimiento, la institución insular ejercerá su derecho a presentar alegaciones.