Migración
Formentera pide el reparto solidario de los menores migrantes no acompañados que tutela
El Consell Insular solicita al Estado y al Govern balear la adopción de "medidas urgentes y coordinadas" para aliviar la presión sobre los servicios sociales de la isla

Un grupo de migrantes llegados a Formentera desde Argelia esperan en la Savina para viajar hasta Ibiza / Javi Parejo
El Consell de Formentera ha reclamado la puesta en marcha inmediata del mecanismo de reparto solidario de menores migrantes no acompañados, previsto en el Real Decreto-ley 2/2025, ante la situación de emergencia migratoria y humanitaria que atraviesa la isla, según afirma una nota de prensa hecha pública este jueves.
En un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, el Consell Insular ha aprobado una "propuesta de actuaciones urgentes" para hacer frente a la situación de emergencia migratoria y humanitaria que atraviesa la isla como consecuencia de la llegada masiva e irregular de personas migrantes, especialmente menores no acompañados. La situación actual es "crítica e insostenible", según se señala en el comunicado, ya que Formentera "ha superado ampliamente su capacidad técnica, económica y humana" para atender la llegada de migrantes.
“Formentera ha actuado con responsabilidad y humanidad, acogiendo familias y niños con recursos propios, pero esta situación ya no es sostenible. Necesitamos apoyo institucional, coordinación y corresponsabilidad para garantizar la dignidad de las personas y la viabilidad del sistema social”, expone el presidente del Consell Insular, Óscar Portas, en la nota
A fecha de 15 de octubre, Formentera tutela 127 menores migrantes, una cifra más de 30 veces superior a su capacidad ordinaria, lo que la convierte en la entidad tutelar más saturada de todo el Estado. En términos globales, en los últimos dos años, la isla ha cuadruplicado las llegadas: de 26 menores no acompañados en 2023 a más de 100 en 2024, y 90 nuevos casos en lo que va de 2025, con una población total de apenas 11.000 habitantes. Estas cifras suponen que el servicio de Infancia y Familia del Consell trabaja "al 3.075% de su capacidad", muy por encima de cualquier otra administración del Estado.
Demandas
En el acuerdo de la Junta de Gobierno, la administración insular solicita al Estado y al Govern balear la adopción de "medidas urgentes y coordinadas" para aliviar la presión sobre los servicios sociales de la isla y garantizar una atención digna a los menores migrantes. Entre ellas, destaca activar de inmediato el mecanismo de reparto solidario de menores no acompañados entre las comunidades autónomas, previsto en el Real Decreto-ley 2/2025, dado que Formentera ha superado con creces el umbral de contingencia. También se solicita incluir a la pitiusa del sur en los programas oficiales de atención humanitaria, de los que actualmente está excluida; "activar el apoyo de Frontex" en las Illes Balears para reforzar el control marítimo y garantizar una respuesta humanitaria adecuada y aplicar medidas de cooperación internacional conforme al nuevo Pacto europeo sobre migración y asilo, para" frenar la inmigración irregular y combatir las mafias".
En clave autonómica, el Consell pide "asegurar un financiamiento extraordinario del Govern balear" para cubrir la tutela y acogida de los menores y crear una mesa de coordinación permanente entre el Estado, el Govern y los consells insulares "para una gestión conjunta y solidaria del fenómeno migratorio".
Otra de las medidas que demanda la institución es agilizar la retirada y destrucción de las pateras acumuladas en el Área de Gestión de Residuos de Formentera, que ya superan el centenar, destinando los recursos materiales y humanos necesarios.
"Formentera no pide privilegios, pide equidad y apoyo. La atención humanitaria y la protección de la infancia son responsabilidad de todas las administraciones. La frontera sur también está en las Illes Balears, y nuestra isla no puede seguir gestionando sola un reto de esta magnitud", insiste el presidente en el texto hecho público.
Para concluir, el Consell de Formentera reitera su "disposición a colaborar con todas las instituciones" y solicita que la situación de la isla sea reconocida formalmente como contingencia migratoria extraordinaria, en aplicación del Real Decreto-ley 2/2025. Finalmente, el Consell reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos, la infancia y la convivencia, y subraya que continuará actuando con "firmeza, empatía y responsabilidad institucional" hasta que la situación esté bajo control.
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