Sanción y cierre cautelar de un taller náutico del puerto de la Savina, en Formentera

El Consell de Formentera ha iniciado un expediente sancionador y ha ordenado el cierre cautelar de un taller náutico ubicado en el varadero del puerto de la Savina, tras detectar varias infracciones graves en materia de actividades, según informa la institución insular en un comunicado.

El procedimiento se abrió a raíz de una denuncia formulada por el Seprona el año pasado y de las posteriores inspecciones realizadas por técnicos del Consell, que pusieron de manifiesto diversas irregularidades administrativas y técnicas de gravedad.

Según el informe técnico, la actividad se desarrollaba sin título habilitante ni las autorizaciones sectoriales preceptivas. Además, el establecimiento se encuentra en una zona afectada por distintas figuras de protección territorial y ambiental, como el Parque Natural de ses Salines, la Red Natura 2000 y el dominio público marítimo-terrestre.

Las inspecciones detectaron que el taller operaba de forma permanente sin licencia o declaración responsable, sin inscripción en el registro industrial ni seguro de responsabilidad civil obligatorio. También se constataron deficiencias graves en materia de seguridad y salud laboral, con instalaciones deterioradas, estructuras oxidadas y una deficiente gestión de los residuos, entre ellos baterías, productos petrolíferos e hidrocarburos, sin sistemas adecuados de contención ni control.

Asimismo, los técnicos identificaron una instalación ilegal de vertido de aguas con conexión al medio natural, posteriormente retirada.

El informe concluye que la actividad representa un riesgo grave, aunque no inmediato, para la seguridad, la salubridad y el cumplimiento normativo, por lo que ordena la suspensión inmediata de la actividad hasta que se regularice la situación.

La resolución establece un plazo de 48 horas para el cese total de la actividad y 30 días para la retirada de materiales potencialmente contaminantes y la limpieza del recinto.

Sanción y cierre

Las infracciones detectadas están tipificadas como graves según la Ley 7/2013, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades, y pueden conllevar sanciones de entre 3.001 y 30.000 euros, así como la clausura temporal del negocio por un periodo máximo de dos años.

Paralelamente, el Consell tramitará un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística por las construcciones realizadas sin licencia y ha remitido la documentación a las administraciones autonómicas competentes en materia de medio natural y costas para su valoración.