Multa de 291.681 euros y orden de demolición de cuatro infraviviendas en Formentera

El Consell de Formentera, a través de la conselleria de Urbanismo, ha ordenado la demolición de cuatro construcciones ilegales que se destinaban a infraviviendas y ha iniciado un expediente sancionador con una propuesta de multa que asciende a 291.681,86 euros por la construcción de varios volúmenes destinados a uso residencial sin la preceptiva autorización administrativa, según informó este miércoles la institución insular en un comunicado.

Fuentes no oficiales pero conocedoras del caso confirmaron que se trata del conjunto de infraviviendas destapado en la edición del pasado 18 de febrero por este diario a raíz de un procedimiento de desahucio denunciado a través del colectivo SOS Vivienda.

Según consta en el informe técnico emitido por los servicios de Urbanismo, las obras constituyen una infracción urbanística tipificada como grave en la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears. La tramitación se inició a raíz de una denuncia particular y de las posteriores inspecciones efectuadas a principios de 2025 en una parcela ubicada en la zona de la venda des Cap, según el Consell Insular. Las infraviviendas están situadas al inicio de la carretera hacia la playa de Cala Saona, muy cerca de un conocido restaurante.

Edificaciones

En el informe se hace constar que, de las diferentes construcciones, deberá ejecutarse el restablecimiento de la legalidad urbanística mediante la demolición de una edificación levantada sobre unos antiguos corrales y de 56,8 metros, que había sido reconvertida en vivienda.

En el mismo sentido se encuentra una segunda edificación de 36 metros cuadrados, que también deberá ser demolida, y una tercera construcción de 67,8 metros cuadrados. Esta última edificación fue construida inicialmente como una cisterna de riego y ha sido convertida en una vivienda de dos plantas.

Finalmente, también se ha ordenado la demolición de otra edificación que inicialmente era un porche y se ha decretado el cese de uso residencial de una quinta construcción, de 33 metros cuadrados, por motivos de seguridad y salubridad.

De forma paralela a la orden de demolición, se ha iniciado el expediente sancionador con una sanción económica sin perjuicio de las reducciones que prevé la normativa vigente en caso de reconocimiento voluntario de la infracción.

Normativa urbanística

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, subraya en la nota de prensa hecha pública que «la defensa del territorio y el cumplimiento de la normativa urbanística son una prioridad». «No se trata únicamente de sancionar, sino de garantizar que el territorio se preserve frente a actuaciones que vulneran la legalidad y comprometen el interés general», concluyó.

La existencia de estas infraviviendas se hizo pública tras la denuncia de uno de sus residentes ante la Guardia Civil fechada el 5 de febrero de este año. En ella, el denunciante, que prefirió mantener su identidad en secreto ante el temor de posibles represalias, aseguraba que el propietario de la vivienda donde residía le había cortado el suministro de electricidad en pleno invierno, impidiendo el uso de calefacción, luz o agua caliente a sus habitantes, entre ellos dos menores.

SOS Vivienda

El denunciante se puso en contacto a través de SOS Vivienda con este diario para hacer público su caso pero también y sobre todo la existencia de otras siete infraviviendas, aparte de la suya, en la misma parcela. Según su relato y el contrato firmado con el propietario que aportó como prueba, pagaba 1.600 euros por una pequeña casa con dos paredes de obra y una ampliación de madera, con un techo de chapa y tela asfáltica que no impedía el paso de la lluvia, el frío y los insectos.

También afirmó y quedó demostrado con las imágenes que acompañan a este artículo que en el mismo lugar se había acondicionado como vivienda un gallinero o corral y en ella habitaban «al menos seis personas con colchones tirados por el suelo». Ninguna de esas viviendas cumplía con la normativa que garantiza una mínima habitabilidad.

Desde SOS Vivienda, su portavoz Manuel Ángel Suárez, aseguró este miércoles que «después de más de un año investigando, buscando testigos, denunciando y presionando a las Administraciones competentes», no se sentía «orgulloso o satisfecho» por esta decisión del Consell, ya que «queda muchísimo por hacer». Suárez expresó su deseo de que «se recaude íntegramente la sanción, sin descuentos y esto haga que algunos propietarios decidan que es mejor no arriesgarse y alquilar legalmente y por larga duración».

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