Vivienda en Formentera: Lo que la legalidad de un desahucio esconde

Todas los conflictos tienen, como mínimo, dos caras. En muchas ocasiones está claro quién gana y quién pierde; quién tiene razón y quién no. Pero en otros muchos casos, sobre todo cuando se mezclan historias personales y frías leyes sin alma, la línea divisoria entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, no está tan clara.

Este relato comenzó a torcerse hace más de tres años y terminó de la peor manera posible el pasado martes con el lanzamiento de una vivienda: el desalojo forzoso de sus moradores como colofón a un procedimiento de desahucio iniciado para reintegrar un inmueble a su propietario.

Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana, la hora señalada en la notificación del Juzgado de Primera Instancia de Ibiza para que la comisión judicial proceda al lanzamiento si antes no se abandona la finca de forma voluntaria. Paola C. ofrece agua fresca a unos amigos sentados en una terraza de la pequeña casa en cuestión, cerca del campo de fútbol de Sant Francesc. Su hija de 18 años deambula por allí sin saber muy bien qué hacer. Paola tampoco lo sabe. No se acaba de creer que en breves minutos tendrá que marcharse con lo puesto de la casa donde ha vivido los últimos 28 años. Porque, a pesar de que en marzo de 2022 se le comunicó por medio de un burofax que debía recoger sus pertenencias y dejar la vivienda por faltar al pago de la renta y por vencimiento del contrato de arrendamiento, Paola no ha hecho las maletas y confía en que, en el último momento, los propietarios le concedan su última petición: dos meses más de gracia para poder llegar a octubre, cuando podrá trasladarse a una casa que tiene apalabrada. «Estamos en plena temporada turística», se lamenta esta italiana que lleva más de la mitad de su vida en la isla. «Los dueños saben que es imposible encontrar alojamiento en estas fechas, podían ayudarme al menos dejando que me quede hasta octubre, a ellos les da igual esos dos meses, pero a mí me hunden la vida echándome ahora», se queja.

La mezcla de acuerdos personales de viva voz, papeles firmados y conversaciones amistosas no ha salido bien esta vez.«La persona a quien yo tenía alquilada la casa murió y con sus herederos, que son 12, empezaron los problemas», cuenta Paola. «Con él yo tenía apalabrado el pago de la renta de manera flexible: un mes le pagaba 3.000 euros y luego estaba un par de meses sin hacerlo, pero siempre pagaba y teníamos buena relación», asegura.

Compra de la vivienda

Cuando le comunicaron que debía marcharse para poder vender la casa, ella misma se ofreció a comprarla, pero afirma que las negociaciones no avanzaban «por la representante de los herederos, que un día decía una cosa y al siguiente lo contrario; un día venía a discutir conmigo y al rato me traía flores». Mientras tanto, una abogada le aconsejó dejar de pagar el alquiler, en una estrategia a todas luces incomprensible.

Paola cambió de abogada, pero ya era demasiado tarde. El daño legal estaba hecho y ya son las 10 de la mañana del día 22 de julio de 2025. Llega la comisión judicial acompañada por dos de los propietarios con su abogada y, minutos después, dos operarios que vienen a cambiar las cerraduras de la vivienda, ya que las llaves no han sido entregadas.

Porque Paola se opone al desahucio de todas las formas posibles: alega que no ha sido informada con tiempo, que todas sus cosas están dentro de la casa, que no tiene donde ir... No hay nada que hacer ante una sentencia judicial firme y, al final, la Policía Local tiene que hacer acto de presencia para calmar los ánimos mientras ella y su hija llenan entre lágrimas y rabia un par de bolsas para ir a casa de unos amigos unos días. Después no saben qué harán.

El próximo lunes podrán volver para recoger todo lo que quieran y puedan llevarse. El resto, 28 años de vida familiar, pasará a ser propiedad de los propietarios de la parcela.

Leyes y legalidad

La versión de la abogada de la familia demandante es similar, pero con unos matices legales considerados por la Justicia que han llevado a la triste situación vivida el martes. Admite la existencia de un contrato prorrogado verbalmente y una forma de pago «no puntual» a la que se pone fin en marzo de 2022 con un burofax en el que se le exige a la arrendataria, Paola C., el pago de las rentas adeudadas (5.600 euros a razón de 700 euros mensuales) y se le comunica que no se va a prorrogar el contrato que acabó el 31 de julio de dicho año. La inquilina responde con una oferta de compra de la casa y el pago de los alquileres que faltan.

En ese momento, hace tres años, la abogada ya recomendó poner una demanda de desahucio, pero sus clientes, «con una buena fe que les honra», decidieron negociar antes una posible compra. «Durante todo un año no se avanzó nada en ese sentido, por lo que en junio de 2023 se envió un segundo burofax pidiendo la devolución de las llaves» y, tras el periodo de un mes que establece la ley para cumplir con lo solicitado en esa notificación, se interpuso una demanda en el juzgado por contrato finalizado y adeudo de rentas, que en ese momento alcanzaba los 16.800 euros.

Las fechas claves

El tribunal de primera instancia dictó a favor de los demandantes en una sentencia de julio de 2024 y el recurso de apelación presentado en nombre de Paola es desestimado por la Audiencia Provincial de Palma el 13 de marzo de 2025, a pesar del pago de los 25.200 euros que en ese momento se debían (un paso obligatorio para poder interponer un recurso).

Incluso tras las dos sentencias firmes, la nueva abogada de Paola interpuso un recurso de nulidad, un recurso de reposición y un incidente excepcional de suspensión de lanzamiento, todos ellos desestimados.

«Es importante conocer los tiempos de todo el proceso para entender que no es una decisión de un día para otro», afirma la letrada. «Desde julio de 2023 sabe que se va a producir el desahucio y que se han agotado todas las instancias legales, así que no es de recibo que, llegado el día, el arrendatario se enfrente a la comisión judicial y al resto de los presentes, haciendo necesaria la presencia de la Policía Local», considera esta experta en litigios sobre la propiedad.

«Este tipo de actitudes», añade, «repercuten en empeorar el problema de vivienda que padece Formentera, porque, tras esta experiencia, no solo va a ser difícil que estos propietarios pongan en el mercado de alquiler sus inmuebles, sino que sus conocidos tampoco lo van a querer hacer», opina.

El martes pasado, nadie ganó en el enfrentamiento entre la ley y la realidad social.