Formentera

GxF pide impugnar el pliego de bases del nuevo concurso de la Savina

La formación insularista considera que la vía jurídica para evitar el monopolio no está agotada y el PSOE exige explicaciones en un Consell d’Entitats

La unificación de las dos marinas actuales en la Savina sigue generando rechazo en la isla. | GERARDO FERRERO

La unificación de las dos marinas actuales en la Savina sigue generando rechazo en la isla. | GERARDO FERRERO

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Formentera

La Autoridad Portuaria de Balears (APB) publicó hace un par de días el pliego de bases del concurso público para la gestión y explotación de los puestos de amarre, locales comerciales y plazas de aparcamiento en el puerto de la Savina, en Formentera, y ya han surgido las primeras voces que ponen en entredicho la pertinencia del documento.

Entre las muestras de rechazo no solo al resultado sino también al proceso que ha llevado a la aprobación de estas condiciones, destaca la de Gent per Formentera (GxF), formación política que no ha dudado en asegurar, a través de su portavoz, Alejandra Ferrer, que pedirá al Consell insular «que impugne los pliegos del concurso» porque considera que «no se han agotado todas las vías jurídicas» para rechazar temas de importancia como la presunta existencia de un monopolio al unificarse las dos dársenas actuales del puerto.

«Los pliegos son muy complicados y densos», explica Ferrer, pero «lo que se ve clarísimo es que el presidente Óscar Portas ha cesado demasiado rápido la lucha por conseguir los objetivos que se habían propuesto desde los grupos políticos de manera conjunta». Por ejemplo, critica la portavoz de GxF que «el proceso de participación no se ha culminado, solo vinieron de la APB a informar de lo que se iba a hacer y de las pequeñas modificaciones con las que debíamos darnos por satisfechos».

Pero lo que quizás más rechazo sigue produciendo en Formentera es la sensación de que con la unificación de las dársenas, puede producirse una situación de monopolio, una posibilidad que Portas descartó aludiendo a estudios jurídicos.

Desde GxF consideran que «existen razones jurídicas importantes para poner en duda que esto se esté realizando correctamente» y van más allá al asegurar que les consta que «los servicios jurídicos del Consell estaban trabajando en la posibilidad de encontrar esos motivos legales para impugnar los pliegos», basándose en la sospecha de la existencia de un monopolio, «pero se dio orden de que se pararan esos trabajos».

La formación «lamenta» el voto a favor del presidente del Consell en el consejo de administración de la APB que aprobó los pliegos a pesar de que «no se cumplían todos los puntos acordados y sin proceso de participación».

También consideran de gravedad que gran parte de la ocupación de la vía pública de la Savina «queda en manos del concesionario, lo que podría tener implicaciones negativas tanto para el mercado artesanal como para las futuras necesidades del Consell cuando quiera instalar escenarios para diferentes eventos, un punto en el que coinciden con el PSIB-PSOE.

Por su parte, los socialistas reiteran la necesidad de convocar un Consell d’Entitats para que desde la Administración insular, se expliquen los pliegos aprobados. Además, coinciden con GxF en que, «a pesar de los pequeños cambios en el pliego que se consiguieron con el trabajo de los grupos políticos», siguen sin entender «por qué no se ha recurrido o no se ha hecho más presión ante la existencia de un monopolio». También rechaza, al igual que GxF, el cambio de localización de las barcas de excursión, «sin consenso y sin ninguna proyección de movilidad», explica Rafa Ramírez, portavoz de los socialistas.

Desde el punto de vista de los negocios con intereses en el puerto, Aurelio López, gerente de una empresa de alquiler de embarcaciones, lamenta que el concurso se resolverá «por una valoración subjetiva», ya que, según los pliegos, el mejor proyecto de obras e instalaciones conseguirá 30 puntos en el baremo y la mejor propuesta medioambiental, otros 10 puntos. Esto supone que 40 de los 100 puntos del total «se van a dar a proyectos que no pueden cuantificarse objetivamente, no hay un criterio definido», algo que «genera muchas dudas legales sobre el concurso». Respecto al chárter, López cree que la gran diferencia entre el precio para un barco de base y para un transeúnte lleva a que el concesionario, «pueda decidir quién tiene estos derechos, dejando a las empresas locales de Formentera muy comprometidas respecto al futuro».

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents