Córdoba denuncia que no le dejan hacer preguntas en el pleno

El expresidente de Formentera, conseller no adscrito y diputado en el Parlament balear por la isla, Llorenç Córdoba, denuncia el «menosprecio institucional» del que asegura que es objeto por parte de su sucesor en el cargo, Óscar Portas, de la coalición Sa Unió, formada por Compromís per Formentera y el PP. Córdoba critica que sus antiguos socios políticos (él encabezó la candidatura que consiguió mayoría absoluta en las últimas elecciones, pero se quedó solo) «han bloqueado todas las acciones políticas» que ha intentado impulsar como conseller y como diputado. «El acoso ha sido constante. Han intentado invisibilizarme, excluyéndome de la Junta de Portavoces, donde podría participar si así lo decidieran, y de otros órganos colegiados como la Junta de Seguridad», explica en un escrito enviado a los medios de comunicación.

Un juzgado investiga la denuncia contra Llorenç Córdoba por malversación

Córdoba asegura que «la última muestra de este menosprecio es la decisión del presidente de no incluir en el orden del día del próximo pleno las 15 preguntas» que registró «en tiempo y forma». «Para justificarlo, dice que ha reinterpretado el artículo 89.1 del Reglamento Orgánico», agrega el diputado, que señala que pidió un informe jurídico firmado por un letrado que avalara esta decisión. Aunque no ha recibido respuesta formal, en el orden del día no aparecen sus preguntas, relacionadas con la sustitución de la dirección de la residencia de mayores de Es Brolls, la atención a los menores inmigrantes tutelados o la asignación de amarres del Estany des Peix. Otras preguntas son sobre si las playas estarán balizadas el 1 de mayo, la retirada de dos embarcaciones varadas en el Parque Natural, dónde se están tirando los residuos de construcción o los expedientes derivados de inspecciones de actividades realizadas el año pasado en ses Illetes, Llevant, Cavall des Borràs y sa Sequi.

Córdoba arremete también contra la secretaria accidental del Consell, a la que acusa de «cómplice necesaria de esta vulneración», pues ha «firmado y autorizado el orden del día del próximo pleno sin exigir ni aportar ninguna interpretación jurídica escrita que avale este importante cambio de criterio sobre la participación de los consellers de la oposición». Lo califica de «hecho grave, teniendo en cuenta que el derecho a la fiscalización es uno de los pilares fundamentales del funcionamiento democrático de una institución».

Formentera y Llorenç Córdoba: Como la arenilla entre los dedos de los pies tras un día de playa

Despacho junto a los urinarios

Otra queja de Córdoba es que le han trasladado su despacho de diputado desde la sede institucional del Consell (donde asegura que el reglamento establece que debe estar) al centro de día, «a un cuartito de trastos junto a los urinarios»: «Allá es donde, según el PP, he de recibir a ciudadanos y autoridades como diputado por Formentera», se lamenta.

Córdoba considera que negar el derecho a hacer preguntas orales en un pleno a un conseller de la oposición «supone una vulneración flagrante del principio de pluralismo político, de la libertad de expresión y del derecho de representación democrática». Una vez más, tal y como ya hizo durante la etapa en la que se atrincheró en la presidencia en contra de su coalición, Córdoba se escuda en que encarna la voluntad de la ciudadanía de Formentera: «Lo que está en juego no es solo una cuestión reglamentaria: es el derecho de los formenterenses a ser representados, a tener una voz crítica e independiente que fiscalice la acción de gobierno».

El diputado insta a los grupos de la oposición que apoyaron la moción de censura, GxF y PSOE, a que «se manifiesten públicamente» y digan si avalan «este estilo de gobernar autoritario, restrictivo y alejado de los valores democráticos. ¿Esto formaba parte del pacto que firmaron para echar a un presidente elegido democráticamente?», cuestiona. También se pregunta si el PP balear «está al corriente y qué piensa» sobre cómo están gobernando sus colegas de filas la isla.

Córdoba asegura que el PP de Formentera le «utilizó» para ganar las elecciones «después de veinte años de fracasos» y que después «puso en marcha la maquinaria» para echarle y quedarse con el control del Consell.

El conseller achaca el comportamiento del presidente al «miedo a la voz incómoda, a las preguntas que destapan realidades, a quien no forma parte del sistema pactado y repartido».

El expresidente llevó el Consell a una situación de grave parálisis institucional, sin precedentes, al atrincherarse en solitario en la presidencia durante seis meses en los que él y sus exsocios se cruzaron denuncias y acusaciones de todo tipo. Finalmente, Sa Unió pactó una moción de censura con la oposición para desalojarle de la presidencia. En la peculiar interpretación que Córdoba hace de aquella situación, achaca la moción de censura a que él era «una voz incómoda para quien había estado en el poder [se refiere a GxF y PSOE] y para quien lo quería ostentar». También reitera que los ataques que recibió de sus excompañeros de filas causaron un «daño colateral a la institución y a los ciudadanos», tal y como ya repitió en innumerables ocasiones durante la crisis política.