La APB mantiene una sola concesión para el puerto de la Savina de Formentera pero a 16 años

Finalmente y tras varias peticiones que fueron respondidas con negativas, los representantes de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) se desplazaron este lunes hasta Formentera para explicar a la sociedad civil de la isla, representada en el Consell d’Entitats, los pormenores del pliego de condiciones que regirá el nuevo concurso para la gestión y explotación de las dársenas deportivas del puerto de la Savina. Estas condiciones, aprobadas por el Consejo de Administración de la entidad estatal el pasado mes de diciembre de 2024 pero nunca publicadas, han sufrido modificaciones, como la limitación temporal de la concesión, que pasa de 25 a 16 años, y la reducción de los aparcamientos subterráneos previstos, pero mantienen la intención de convertir las dos concesiones actuales en una sola, cosa que no es del agrado de gran parte de la población formenterense.

El puerto de la Savina tendrá una única concesión y será a 25 años

Durante su intervención, tanto el presidente de la APB, Javier Sanz, como el director general del ente, Toni Ginard, aseguraron haber atendido todas las demandas de modificación del pliego de condiciones que el Consell de Formentera les hizo llegar en un documento consensuado por las fuerzas políticas de la isla y que incluía algunas de las reivindicaciones de las asociaciones.

Modificaciones

Entre estos cambios, la APB se compromete a no incluir actuaciones que no cumplan el Plan especial del puerto en vigor, lo que supone no intervenir sobre la parcela de Salinera Española y no edificar inmuebles nuevos como se preveía anteriormente. Además, dado el rechazo social y político que provocó, no se construirá el aparcamiento subterráneo previsto de unos 5.000 metros cuadrados, y en su lugar se construirá otro con la mitad de superficie bajo un edificio ya existente y que darán cabida a unas 50 plazas.

El Consell insta a la APB a respetar el Plan especial del puerto de la Savina en Formentera

La desaparición de uno de los aparcamientos previstos y la reducción del segundo favorecerá que la inversión mínima exigida también baje hasta los 10 millones de euros, según explicó Sanz tras la asamblea. Respecto a las tarifas, en los pliegos de condiciones se establecerá que recibirán más puntos en el concurso aquellos licitadores que propongan tarifas más económicas para los locales comerciales y que incluyan algún tipo de abono para los residentes que utilicen el nuevo aparcamiento. También las ofertas que propongan mejores precios para las embarcaciones menores de 8 metros, ya sean base, transeúntes o transeúntes de lista 6ª, tendrán más puntos en el cómputo final.

Lo que no han aceptado desde la APB es la petición del Consell y de la mayoría del tejido social de la isla para que la adjudicación no recaiga sobre un solo licitador. De hecho, la primera parte de la intervención de los representantes de la APB estuvo destinada a justificar la necesidad de unificar las dos dársenas actuales «por criterios económicos y de rentabilidad, ya que lo que existe hasta ahora no ha funcionado», declaró Sanz. Rebatiendo las acusaciones de favorecer un posible monopolio, el presidente de la Autoridad Portuaria aseguró que este se produce «cuando hay libertad de tarifas, cosa que aquí no ocurre porque vienen descritas por un concurso y, además, todo está muy regulado, incluso demasiado». Además, Sanz adelantó que el próximo mes de mayo se publicará el texto definitivo consensuado con el Consell y seis meses más tarde se hará el encargo del concurso.

En su turno de palabras, tanto los portavoces de entidades como los asistentes que quisieron participar agradecieron a Sanz y Ginard su presencia en la isla, pero dejaron claras sus reticencias ante unos planes que «priorizan el beneficio económico» dejando a Formentera sin «la posibilidad de sentir el mar de manera libre». La falta de una sede gestionada por el Consell Insular y las entidades sociales que sirva para acoger tanto talleres medioambientales como actividades que fomenten la conservación del patrimonio histórico y las tradiciones de la isla en su relación con el mar fue otra de las críticas verbalizadas.

Durante su exposición de las condiciones del pliego, desde la APB aseguraron que se han incluido numerosas exigencias para garantizar el mayor respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad tanto durante la construcción como durante la explotación del nuevo puerto, pero sin concretar ninguna medida al respecto, cosa que les fue recriminada por un público que abarrotó la sala de plenos del Consell.

Suscríbete para seguir leyendo