Consell de Formentera
Un juzgado investiga la denuncia contra Llorenç Córdoba por malversación
La institución insular decide personarse en la causa que se tramita tras la denuncia que interpuso la Comisión del Código Ético

Óscar Portas se reunió recientemente con Llorenç Córdoba por su cargo como diputado por Formentera. | CIF

La junta de gobierno del Consell de Formentera aprobó el pasado 28 de febrero un acuerdo para personarse en el procedimiento que tramita el Juzgado de Instrucción de Ibiza número 3, abierto tras la denuncia interpuesta por la Comisión del Código Ético ante la Fiscalía de Ibiza en octubre de 2024 contra el por entonces presidente insular Llorenç Córdoba y uno de los letrados de la corporación, a quienes acusaban de un presunto delito de malversación de caudales públicos.
El origen de esta querella está en el informe que la Comisión del Código Ético elaboró sobre la crisis política que afectó seriamente a la actividad de la máxima institución insular durante todo 2024 y que finalizó con una moción de censura que destituyó de la presidencia a Córdoba en diciembre del mismo año.
Según la denuncia, Córdoba habría usado con «fines puramente privados» los servicios de un funcionario, un letrado del Consell, quien, a pesar de formar parte de manera accidental de la Comisión, redactó las alegaciones del entonces presidente al informe en cuya elaboración participaba. Este hecho constituiría una presunta malversación de caudales públicos, una de las infracciones más graves entre los delitos de corrupción contemplados en el Código Penal.
Aunque públicamente solo se supo de esta denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Ibiza, que abrió Diligencias de Investigación Penal, la autoridad pública comunicó el 19 de febrero de este año al Consell de Formentera que había archivado las mencionadas diligencias «al existir un procedimiento judicial abierto sobre los mismos hechos», lo que significaría que algún miembro de la Comisión también presentó una denuncia penal ante el juzgado.
Ante esta confirmación, el Consell ha decidido personarse en este procedimiento para defenderse y «para poder tener constancia de todo lo que pueda suceder».
Por su parte, Llorenç Córdoba, que ahora tiene presencia en el pleno de la corporación como conseller no adscrito, declaró este miércoles que «nadie» le había notificado «nada» desde el juzgado ni se le había interrogado, por lo que aseguró tener una «tranquilidad total» porque no ha hecho «nada malo». Además, aseguró que cuando había preguntado oficialmente al Consell insular sobre esta denuncia, «no le habían respondido»
Córdoba añadió que le molestaba «la campaña de desprestigio» de su imagen que sufre incluso tras la moción de censura, y denunció lo que a su juicio es un «ensañamiento personal» por parte tanto de sus excompañeros de Sa Unió como del resto de grupos políticos en la corporación insular.
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