Un millón para un proyecto de regadío con aguas regeneradas en Formentera

La diputada del PSOE, Milena Herrera, y el senador por Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, se reunieron la mañana del viernes en Sant Francesc con el presidente del Consell Insular, Óscar Portas, y aprovecharon el encuentro para anunciar la inversión de un millón de euros para un proyecto de regadío que explican que mejorará la calidad del agua de la planta de depuración para que pueda ser utilizada en el riego de diferentes cultivos de la isla.

Las obras, que comenzarán «de manera inminente», según un comunicado de prensa, tienen un plazo de ejecución de 12 meses y Tragsa será la empresa encargada de llevarlas a buen fin. Una vez finalizados los trabajos, se prevé no solo una optimización de la calidad del agua depurada, sino también una mejora en la eficiencia del bombeo de la red de riego y la implementación de medidas de telecontrol y automatización.

El riego agrícola se inicia con la balsa al 35% de su capacidad en Formentera

Durante el encuentro, los representantes pitiusos en el Congreso y en el Senado también confirmaron que el servicio de Salvamento Marítimo empezará en Formentera el 1 de junio y finalizará el 15 de septiembre, como ya se hizo el año pasado.

La crisis de la vivienda fue otro de los temas tratados, y quedó patente la necesidad de buscar más suelo público para cederlo y construir vivienda protegida. El único proyecto hoy en día en Formentera es la construcción de 17 viviendas protegidas en Sant Ferran, unas obras paralizadas por la renuncia de la empresa adjudicataria a finalizarlas y que deben sacarse a concurso de nuevo.

La posibilidad de ampliar el cuartel de la Guardia Civil en la isla y la reivindicación histórica de un senador propio para Formentera fueron dos temas más que se pusieron sobre la mesa, pero solo se acordó «seguir trabajando de manera conjunta» al respecto.

Finalmente, la reunión abordó el asunto de la migración. Los representantes de las dos cámaras valoraron la decisión tomada en el pleno del pasado jueves por parte del Consell para reclamar tanto al Govern como al Ejecutivo central ayuda económica para afrontar los gastos por la creciente llegada de menores extranjeros no acompañados, cuya tutela recae en el Consell.