Multa de 100.000 euros para la empresa promotora de una fiesta ilegal en una vivienda turística de Formentera

El Consell de Formentera ha sancionado con 100.000 euros de multa a la empresa promotora de una fiesta ilegal en una vivienda turística de la zona de es Cap de Barbaria celebrada en julio de 2023.

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La institución insular ha indicado en una nota que ha retirado al infractor la declaración responsable de inicio de actividad turística, por lo que el inmueble no podrá comercializarse como alojamiento turístico hasta un plazo máximo de tres años. También propone una sanción de 100.000 euros al administrador de la empresa como responsable solidario en caso de que la entidad comercializadora no responda.

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La resolución sancionadora confirma que en el inmueble se celebraba una fiesta ilegal abierta al público y con pago de entrada, lo que vulnera lo establecido en la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, que regula la instalación, el acceso y el ejercicio de actividades en Baleares.

La empresa promotora argumentó que el evento no tenía que considerarse una fiesta ilegal, sino una reunión privada con solo 23 asistentes, sin barra de bebidas, sin equipo de sonido alquilado y con los sanitarios fuera de servicio. También aseguró que el encuentro era una preparación para un cumpleaños el 30 de junio y no un acontecimiento comercial.

Los informes policiales

El informe policial desmintió estas alegaciones, puesto que evidenció la presencia de una barra de bebidas, un barril de cerveza, numerosas latas de refrescos y comida servida en platos. Asimismo, constató la instalación de siete sanitarios portátiles, equipos de sonido activos y una zona vacía frente a la tabla del pinchadiscos y la piscina, utilizada como pista de baile.

Los agentes de la Policía Local confiscaron tiques de consumición y entradas que confirmaban la venta de accesos al evento con un precio de hasta 80 euros por persona con acceso a barra libre y barbacoa. También se detectó un minibús para el transporte de asistentes y la presencia de personal de seguridad con auriculares y transceptores portátiles para controlar el acceso al recinto.

El informe del Servicio Técnico de Actividades del Consell Insular de Formentera ratificó todas estas actividades y detalles con un amplio reportaje fotográfico que puso en evidencia la comercialización del acontecimiento y su desarrollo como una fiesta ilegal abierta al público. Lo que desmintió la versión de la empresa sancionada.

Ante estos hechos, la resolución final concluye que la infracción es muy grave y que la colaboración de la empresa ha permitido reducir la multa dentro del mínimo establecido. Además, no habrá posibilidad de recalificarla como leve.

El Consell explica que "reafirma su compromiso con la lucha contra las fiestas ilegales" y advierte de que "aplicará sanciones ejemplares para proteger el bienestar de residentes y visitantes y el modelo turístico sostenible de la isla".

Un historial de sanciones

Esta medida afecta a la vivienda que acogió otra celebración ilegal el 26 de julio de 2023, hecho que constató una inspección conjunta del Servicio Técnico de Actividades del Consell de Formentera y la Policía Local.

Como resultado, los agentes municipales levantaron una acta que derivó en la apertura del expediente sancionador contra la empresa responsable de la comercialización de la vivienda por la comisión de una infracción muy grave en materia de actividades. Dado el carácter ilegal del acontecimiento y su impacto en el entorno, durante la inspección se adoptó la medida urgente de precintar el equipo de sonido y ordenar el desalojo de la vivienda en aplicación del artículo 112 de la Ley 7/2013 de las Islas Baleares.

El 4 de agosto de 2023, una nueva inspección del Consell confirmó que se había restablecido la normalidad y retirados completamente los elementos utilizados para la actividad ilegal. Dentro del procedimiento sancionador, se incorporó un informe de sonometría realizado por una empresa técnica certificada, que confirmó el incumplimiento de la normativa sobre ruidos y contaminación acústica.

Después de la apertura del expediente sancionador, la empresa presentó alegaciones que fueron desestimadas. Así, solicitó que se archivara el expediente por prescripción y, si no, que la infracción fuera recalificada como leve.